El 70% de los españoles limitaría el gasto de las comunidades autónomas

Con este panorama, y reciente la advertencia del ex presidente José María Aznar de que España «no puede competir con diecisiete miniestados», no es de extrañar que casi la mitad de los españoles –el 49,2%– considera que mantener las diecisiete comunidades autónomas que existen en la actualidad propicia el derroche, según una encuesta de NC Report para LA RAZÓN. Es también la opinión mayoritaria entre los mayores de 44 años. Por el contrario, el 43,52% niega tal afirmación.

En sintonía con la consideración de que se gasta demasiado dinero con el modelo autonómico que conocemos la respuesta en el sondeo es contundente: el 70,7% de los españoles quiere que se limite por ley el techo máximo de déficit de las CC AA y ayuntamientos.

En este sentido, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, está dispuesto a dar pasos para controlar por ley el déficit público de todas las administraciones, aunque ha apostado por que sean las propias comunidades autónomas las que promuevan esa iniciativa. En la rueda de prensa con la que concluyó su participación en el Consejo europeo extraordinario celebrado en Bruselas, Zapatero avaló así uno de los puntos del pacto de competitividad propuesto por la canciller alemana, Angela Merkel, quien aboga por prohibir en las legislaciones de cada país los déficit excesivos.

Burocracia multiplicada
Resulta evidente que dar acogida a las infraestructuras que necesita una burocracia repartida por todo el territorio nacional necesita fondos públicos que el 52,2% de los ciudadanos cree que podrían ahorrarse si se redujeran competencias; es la opinión dominante entre los mayores de 29 años. Por contra, el 43,8% afirma que una reducción de estas atribuciones a las comunidades autónomas no tiene que significar necesariamente un ahorro significativo de dinero.

En el debate que actualmente existe sobre la vigencia del modelo autonómico no falta quien se plantea su revisión por considerar que debe adecuarse a las nuevas circunstancias e incluso que ha ido evolucionando hasta debilitar al Estado. Ésta es precisamente la opinión del 46,3% de los españoles, y también la consideración dominante entre los mayores de 44 años. Por el contrario, el 44,4% no considera que las comunidades autónomas resten poder al Estado, un criterio mayoritario entre los menores de 45 años.

Lo que sí estima necesario ya un significativo 48,3% de los españoles es poner fin a los traspasos de competencias a las autonomías. Es también la opinión generalizada entre los mayores de 29 años, mientras que el 39,8% de los ciudadanos cree que no hay que poner fin al trasvase de competencias, opinión más extendida entre los menores de 30 años.

En lo que está muy dividida la opinión pública es sobre si ha llegado el momento de retirar competencias a las regiones: el 45,8% es contrario a retirar atribuciones, mientras que el 44,8% sí considera necesario hacerlo. Los más favorables a reducir competencias son los mayores de 44 años, mientras que entre los menores de 45 años la mayoría es contraria a la retirada.

Respecto a las competencias que retirarían los encuestados a las comunidades autónomas, el 44,2% contesta que ninguna y el 36,0% optaría por la sanidad; siguen en orden de preferencia la educación –24,5%–, la política social –23,8%–, la fiscalidad –16,3%–, vivienda –4,3%–, empleo –3,7%–, la justicia –3,5%– y las infraestructuras –2,0–. Además, el 36,0% de los españoles cree que sí hay diferencias en sanidad entre unas regiones y otras; otro 24,5% las detecta en educación y un 23,8% en políticas sociales.

Si hay un medio cuestionado y criticado es el de las televisiones autonómicas. No es de extrañar si tenemos en cuenta que las trece comunidades autónomas que tienen entes públicos audiovisuales han previsto para 2011 un gasto cercano a los 1.000 millones de euros. Es el mismo presupuesto que, por ejemplo, el Estado dedica a la protección familiar, y casi el doble de la subvención que el Gobierno facilita a la Corporación de RTVE.

Pues bien, el 46,2% de los encuestados se muestra a favor de privatizar estos medios de comunicación deficitarios –todas las televisiones públicas regionales están en «números rojos»: el «agujero» se acercaba a los 1.500 millones en el año 2009–. El 38,0% es contrario a adoptar este medida.