El Parlament acosa a los que etiquetan sólo en español

BARCELONA- El Parlament dio ayer una nueva vuelta de tuerca para imponer el catalán en las etiquetas de todos los productos que se distribuyen en Cataluña. A instancias del subgrupo de Solidaritat per la Independència (SI), el pleno aprobó una moción con los votos de CiU, ERC, PSC que exige al Govern que haga cumplir el Código de Consumo. «Si hay empresas que se niegan a cumplir la ley, al Govern no le tiene que temblar el pulso a la hora de aplicar las sanciones preceptivas», reclamó el diputado de SI, Uriel Bertran.

El diputado independentista acusó al Govern de no actuar con «diligencia» para conseguir que el catalán se imponga en el etiquetaje. Por eso, Bertran defendió que la Generalitat «atienda» las denuncias de los consumidores que protestan porque se encuentran con etiquetas escritas únicamente en castellano.

Dar ejemplo
Como era de esperar, Solidaritat halló la complicidad de ERC. Ambos consensuaron una enmienda para «remarcar claramente que la Generalitat sólo debe comprar productos etiquetados en catalán» y otra para que el Parlament haga lo propio. «De esta manera servirán de ejemplo para el resto de departamentos y de organismos de la Generalitat», celebró Bertran

La diputada de CiU Àngels Ponsa se alineó con ERC y SI, pero prefirió centrar su intervención en explicar los motivos del incumplimiento de los usos lingüísticos del Código de Consumo. «Los nuevos derechos lingüísticos pueden ser más difíciles de cumplir por parte de las empresas en un contexto económico como el actual», excusó.

No obstante, la diputada convergente subrayó que el Govern tiene en marcha varios planes para dar a conocer las obligaciones lingüísticas a todas las empresas. Ponsa recordó que hay varias webs que informan de todas ellas, que se ha editado un tríptico divulgativo de unos 30.000 ejemplares y que la Generalitat también está haciendo una campaña a través de las redes sociales de Twitter y Facebook.

La unidad de los nacionalistas en aras de la imposición del etiquetaje al menos en catalán contrastó con oposición de PP y Ciutadans. La diputada popular María José García Cuevas recordó que el Código de Consumo fue aprobado en julio de 2010 «sin tener en cuenta la sentencia del Constitucional sobre el Estatut».

García Cuevas se refirió al citado fallo y, en concreto, a sus fundamentos lingüísticos y concluyó: «Ninguna ley puede exigir en Cataluña, según el Estatut constitucional, el uso oral o escrito de la lengua catalana a entidades privadas, empresas o establecimientos abiertos al público».

Y añadió: «Creemos que las políticas impositivas y punitivas van en contra del uso normal de la lengua catalana y de los derechos de los ciudadanos. La consecuencia de estos años son casi 1.300 catalanes multados por utilizar una lengua oficial, además de varios miles de empresarios amedrentados y obligados a cambiar de lengua. Esto sí que es una situación atípica».