La Región destinó 41 millones en 2010 a Dependencia que debió pagar el Gobierno

MURCIA- El Ministerio de Sanidad reconoce el buen hacer que está llevando a cabo la Región de Murcia dentro de la aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunidad. Prueba de ello, es que el informe del Servicio de Atención a la Dependencia publicado el 1 de julio detalla que Murcia es la décima región en cuanto a población y la duodécima en lo que se refiere a población potencialmente dependiente. Pues bien, el mencionado informe coloca a Murcia en el octavo lugar en cuanto a mujeres atendidas por encima de otras comunidades como Baleares, Cataluña y Extremadura y 26 décimas mejor posicionada que la media nacional.
Sin embargo, las tornas varían cuando se trata de dotar a la Comunidad de la financiación necesaria para que la Región pueda mantener su buena labor en materia de Dependencia. En este ámbito la diputada del Partido Popular, Severa González, denunció en declaraciones a LA RAZÓN, que el Gobierno central está violando sistemáticamente el artículo 4 de la Ley de Dependencia que establece que la financiación para el desarrollo de la legislación se sufragará en un 50 por ciento por la comunidad autónoma y en otro 50 por ciento por el Ejecutivo central. En lo que se refiere a los datos de 2010 dentro de la Región, se encuentra que la inversión para atender a dependientes alcanzó los 226 millones de euros, por lo que de acuerdo a la legislación vigente, cada administración debió abonar 113 millones. Sin embargo, la realidad y los datos oficiales muestran que la Comunidad destinó 154 millones y el Gobierno tan solo 72, esto es, 41 millones menos que lo debió aportar; montante que puso el Gobierno regional con los recursos económicos aportados por todos los murcianos. La diputada González achaca esta situación a la existencia de una falta de organización y estabilidad en la aplicación de la Ley. Además, apunta que este problema existe desde la puesta en marcha de la legislación y como prueba de ello explica que en marzo de 2009 un grupo de expertos en la materia realizó un estudio sobre la situación en España de la Ley de Dependencia y los resultados del mismo diagnosticaron una «financiación insuficiente prolongada en el tiempo». Para erradicar esta solución, los expertos proponían que la Dependencia debía formar parte de los derechos sociales de la persona como sucede con la educación y la sanidad. Al respecto, González señala que «reclamamos un sistema nacional de dependencia para que ésta no dependa de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y pase a hacerlo de la Ley de Financiación Autonómica». La diputada popular insiste en que el error reside en la misma organización de la Ley porque «no se contabilizó el número de dependientes que realmente existía en España, por lo que se duplicaron las previsiones y los PGE destinan menos de la mitad de lo que realmente se requiere»