El juez decreta libertad sin fianza para Ripoll

El titular del Juzgado número 3 de Orihuela, Carlos Sanmartín, tras tomar ayer declaración al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, declaró la libertad sin fianza y, aunque no le concretó los delitos que le imputaba porque el sumario se mantiene secreto, «se le informó de las figuras penales y los preceptos legales a los que se refiere su conducta», según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Fuentes policiales señalaron que los delitos se refieren a cohecho, prevaricación, fraude, tráfico de influencias y uso de información privilegiada, después de haberse negado a la petición por parte del fiscal de una fianza de 500.000 euros. Además, el magistrado tomó declaración a cinco empresarios.El titular de la Corporación alicantina entró a las cuatro de la tarde en la sede judicial pero no declaró hasta la seis. Su relato ante el juez se debió prolongar durante más de una hora. Aunque a la salida de los tribunales no quiso hacer declaraciones, salió tranquilo y precedido por sus tres abogados.Poco después, Ripoll aseguraba que el juez de Orihuela que le tomó declaración durante más de una hora no le aclaró «ni los hechos ni el porqué» de su imputación formal en la investigación sobre la adjudicación de un plan de residuos.Ripoll hizo una declaración sin preguntas en la Diputación menos de dos horas después de terminar su personación ante el titular del juzgado número 3 de Orihuela, Carlos Sanmartín.El dirigente del PP indicó que prestó declaración «voluntariamente» y que el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, pidió prisión eludible bajo fianza y una comparecencia periódica en el juzgado pero que el juez lo rechazó, lo cual hace que su situación personal siga siendo la misma. Además aseguró que durante la primera media hora de su comparecencia, el juez le explicó que «no había una citación judicial»y que, por lo tanto, podía hacer una declaración o negarse.El presidente de la Diputación de Alicante aseguró que desconoce los hechos que han motivado su comparecencia en el juzgado y que, en cuanto se levante el secreto sumarial, «evidentemente ejercerá las acciones legales que correspondan» a su defensa. «No conozco ni los hechos ni el porqué he tenido que comparecer», insistió.Ripoll realizó estas declaraciones anoche a los medios de comunicación después de haber declarado horas antes ante el juez. Según apuntaron fuentes judiciales, el magistrado ha desestimado la petición del fiscal de fijar una fianza de 500.000 euros para Ripoll, por lo que ha quedado en libertad sin fianza. Asimismo, Ripoll, que ha comparecido con la presencia de sus abogados, no ha querido especificar los delitos que se le imputan. Según ha informado el TSJCV, las Diligencias Previas han sido abiertas por los posibles delitos de tráfico de influencias, fraude y cohecho, entre otros. Según una nota del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en cada comparecencia, que se desarrollaron a lo largo de la mañana y parte de la tarde, se practicaron las diligencias de imputación judicial y se explicó a cada uno de los afectados por la investigación que no se les podían detallar los hechos imputados como consecuencia del secreto que afecta a las actuaciones, aunque sí que se les expuso, de forma minuciosa, las figuras penales y los preceptos legales a los cuales se pueden referir sus conductas.El Juzgado tiene previsto que hoy comparezcan para diligencia de imputación judicial y posterior declaración en calidad de imputadas, otras cinco personas: tres concejales del Ayuntamiento de Orihuela y dos empresarios de la localidad.Mientras, el PP arremetió contra el Ministerio del Interior por la detención y puesta en libertad del presidente de la Diputación de Alicante, al tiempo que el Gobierno acusó a los populares de «querer seguir escondiendo la basura bajo las alfombras».El líder del PP, Mariano Rajoy, culpó al Ministerio del Interior del «espectáculo muy poco edificante», que supuso la detención y puesta en libertad de Ripoll, y anunció que pedirá la comparecencia del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en la Cámara Baja para saber por qué «hay contradicciones» entre la Policía y el juez que instruye el caso.Sólo uno de los imputados con fianza- Tras declarar durante 90 minutos ante un juez de Orihuela, el empresario alicantino Enrique Ortiz, propietario del Grupo Cívica y máximo accionista del Hércules, quedó en libertad sin fianza aunque imputado por varios delitos. Los representantes legales de Ortiz no quisieron confirmar los delitos que el juez imputa al empresario, pero sí han dicho que uno de ellos es el de cohecho. El empresario aseguró salir «contento» de la declaración porque el juez «no ha adoptado medida cautelares».- Además de Ortiz, han quedado en libertad el ingeniero y amigo del empresario José Francisco León, el gerente de Inusa, José Candel, y el dueño de la compañía Sufi, Luis Bracho.- Por su parte, para el empresario de automoción y ex presidente de la Fundación Hércules CF, Rafael Gregori, el juez ha decretado prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros y ha sido acusado de los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude, según fuentes judiciales.