Evasión de capitales

Andorra deja de ser un paraíso fiscal para los españoles

Andorra ha dejado hoy de ser considerado un paraíso fiscal para las autoridades españolas, después de la entrada en vigor del acuerdo de intercambio de información fiscal entre España y el Principado.

El tratado entre los dos países, suscrito el 14 de enero del 2010 entre la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, y el jefe de Gobierno de Andorra, Jaume Bartomeu, permitirá obtener información de las cuentas bancarias cuando haya una investigación judicial fiscal abierta.
 
Esta situación supone un cambio significativo, ya que hasta la fecha se podía solicitar este tipo información, pero sólo en los casos de investigaciones penales y no en los fiscales.
 
A partir de ahora, la Agencia Tributaria española podrá solicitar a las autoridades del Principado el acceso a los datos contables y bancarios e identificar a los beneficiarios de cualquier tipo de transacción que involucre a contribuyentes españoles.
 
Beneficios
La entrada en vigor, sin embargo, se hace efectiva sin que todavía se haya cerrado el reglamento que acompaña al acuerdo y que ha de especificar el modo de proceder en este tipo de casos.
 
Desde el gobierno de Andorra consideran que esta situación no ha de suponer ningún problema y que "tiene su lógica". De hecho, según ha declarado el portavoz del Ejecutivo andorrano, Bruno Bartolomé, se espera que las próximas semanas sirvan "de prueba"para analizar e incorporar los detalles que sean necesarios.

Bartolomé ha añadido que el trámite de dejar de ser considerados como paraíso fiscal tiene "una gran simbología"y que entienden que "es un paso muy importante, el resultado de un gran trabajo en materia de transparencia fiscal y financiera".
 
El gobierno andorrano considera que el convenio "aportará muchos beneficios a la proyección internacional de Andorra, así como a la competitividad y la apertura de la economía andorrana".

Por otro lado, el Ejecutivo liderado por Jaume Bartomeu ha aprobado la constitución de una comisión encargada de poner en marcha una Agencia Tributaria Andorrana Fiscal y de Fronteras. Se espera que este organismo pueda estar en funcionamiento a principios de abril.