Interior investiga las fuentes de financiación del 15-M

Madrid- Un nuevo desalojo con más detenciones, protestas, puestas en libertad y la sombra sobre los medios de financiación del movimiento centraron ayer la tercera jornada del aniversario del 15-M. Y es que, mientras las cifras de seguimiento de las asambleas convocadas por los «indignados» en las plazas de toda España van menguando por segundos –de las más de 30.000 personas que se congregaron el sábado en la Puerta del Sol se pasó ayer a alrededor de 6.000 en el mometo de mayor afluencia, según datos de la Delegación del Gobierno en Madrid–, las dudas sobre los posibles intereses que se esconden tras las manifestaciones que nacieron el año pasado como movimiento ciudadano empiezan a tener solución. «No están tan desorganizados como quieren dar a entender», aseguró en una entrevista en Onda Cero la delegada del Gobierno madrileña, Cristina Cifuentes. Fuentes policiales avalan la tesis de la dirigente popular: «Tienen a su disposición a buenos abogados de bufetes especializados en casos sociales en todos los turnos y eso se paga, aunque no sea con dinero», aseguraron a LA RAZÓN dejando de nuevo en el aire la posibilidad de que ciertos partidos políticos estén colaborando con el 15-M para «boicotear» las reformas emprendidas por el Gobierno del Partido Popular.

Desde la Dirección General de la Policía hilan más fino. Puesto que no se conoce que el 15-M tenga en marcha ningún sistema de recaudación de donativos que les sirva como autofinanciación (ni en las asambleas ni a través de las páginas web en las que se articula el movimiento se solicita dinero), las fuerzas de seguridad investigan si detrás del movimiento español pudieran estar algunos de los grupos antisistema que han proliferado en los últimos años en distintos paises europeos y que han participado en los altercados ocurridos en importantes cumbres internacionales. Así, explican, en el caso español «los miembros más conflictivos, que están en contacto con los radicales europeos, están resguardados tras una estructura horizontal que logra invisibilizarlos».

Tras saltarse una vez más el límite horario de la autorización otorgada por la Delegación del Gobierno para manifestarse el pasado domingo, varios centenares de «indignados» permanecieron en la Puerta del Sol debatiendo si deberían pernoctar o no. Dicha asamblea se prolongó hasta la madrugada sin que la Policía Nacional interviniese. Sin embargo, a las seis de la mañana se produjo una reyerta entre dos de los participantes que se saldó con la detención de dos personas por atentar contra agentes de la autoridad. Además, un hombre de 40 años de edad sufrió un corte superficial en el cuello, por lo que efectivos del SAMUR le trasladaron a la clínica de La Concepción para recibir puntos de sutura.

Ya entrada la mañana, los «indignados» rodearon la oficina de Bankia en la plaza Celenque para cancelar sus cuentas en la entidad y animar a otras personas a hacerlo así como exigir al banco que permita la dación en pago para cancelar las hipotecas. Además, acudieron al Congreso de los Diputados, donde quisieron registrar la iniciativa «Democracia 4.0», para que los ciudadanos puedan votar por internet las decisiones de la Cámara baja.

Por su parte, Plataforma de Afectados por la Hipoteca recogió más de 12.000 firmas a favor de la dación en pago en un puesto instalado desde el viernes en la Plaza de Cataluña de Barcelona. El movimiento 15-M en la ciudad condal celebró a su vez un «juicio popular» al sector financiero ante la sede la Caixa y se solidarizaron con los desalojados de otras plazas españolas.

Multas de 300 euros por superar el horario de la Delegación
Saltarse el horario de la autorización de la Delegación del Gobierno para manifestarse en Sol le podría costar hasta 300 euros a varios centenares de «indignados». La Policía Nacional identificó a cerca de 300 personas que serán propuestas para sanción ante la Delegación de Gobierno de Madrid por negarse a abandonar la Puerta del Sol desobedeciendo así el límite horario de manifestación fijado hasta las 22 horas. El tipo de sanciones viene definido en la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana que en su artículo 23 tipifica como «falta grave» supuestos como «la negativa a disolver las manifestaciones y reuniones en lugares de tránsito público ordenada por la autoridad competente», entre otros aspectos. La multa habitual para este tipo de situaciones es de 300 euros, según las fuentes consultadas por Europa Press, aunque aclaran que la sanción a imponer siempre dependerá de cada caso y de lo que informe la Policía.