Van contra la Democracia por Iñaki Ezkerra

A Garzón no le va a juzgar hoy el Supremo por «atacar» al franquismo sino por haber atacado a la propia legalidad de la democracia y a la Ley de Amnistía promulgada en 1977, que él ignoró al declararse competente para investigar las desapariciones de la Guerra Civil y la dictadura. Si esa Ley les parecía injusta a determinados partidos, lo que deberían haber hecho es impugnarla en las Cortes como lo va a hacer ahora de nuevo el BNG en vez de rechazar dicha revisión, como hizo el mismo PSOE en julio de 2011. Catorce años de felipismo y ocho de zapaterismo ha tenido ese partido para derogar esa misma Ley que ahora, con una desfachatez insólita, pretende denostar en la calle junto a los Bardem y los Almodóvar. Este numerito, que comienza hoy y al que se le han buscado dudosos avales internacionales que suponen una intromisión surrealista en nuestra soberanía nacional, jurídica y democrática (como si España fuera una república bananera) así como una presión inadmisible a los jueces, tiene como verdadero objetivo cuestionar el carácter democrático del PP. Se intenta dar por hecho que no hay una verdadera división de poderes cuando es la propia operación de presión al Supremo la que atenta contra la independencia del poder judicial. Y, a costa de ese miserable rédito publicitario contra el partido que nos gobierna, se arrastra la imagen de España por los suelos en un momento de crisis en el que esa imagen exterior está necesitando más que nunca fortalecerse. Pero les da igual. Este daño evidente a la imagen española es algo que a los Bardem y a los Almodóvar no les preocupa porque, como se sabe, eso de que «los ricos también lloran» es un cuento chino. Los ricos, y menos los de nuestro cine, no lloran nunca más que por lo que sucedió hace tres cuartos de siglo. Pese a todo ello y por todo ello precisamente, esa campaña no debería tener ninguna eficacia sobre el Supremo. Si el TC ignoró las acusaciones de injerencia del Gobierno socialista en la decisión de legalizar Bildu, también el TS puede ignorarlas ahora. Si el primero hizo oídos sordos a la moderada demanda de «ilegalización de ETA», también el segundo puede actuar ahora de espaldas a esa ruidosa demanda. Y, si el Ejecutivo socialista se limitó entonces a decir que respetaba la decisión de los jueces, otro tanto puede decir ahora el Gobierno popular.