«Que los políticos se pasen por El Cerezo una tarde a ver si encuentran a un español»

SEVILLA- En 2005, España era un país emergente, un destino ideal para inmigrantes de Europa del Este y África, principalmente. Fue entonces cuando se creó el Programa de refuerzo de los Servicios Sociales Comunitarios. En Sevilla, aún por debajo de la media andaluza, en la última década el incremento de la población no nacional se ha multiplicado por siete. Pero hoy, cuando la situación económica ha variado diametralmente, este colectivo ha dejado de ser una prioridad para la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento. Los recortes han dejado algo más desatendida a esta comunidad desde el 1 de octubre. El programa no se renovó, pero «los inmigrantes no han desaparecido y hay mucha gente a la que seguir atendiendo», explica a LA RAZÓN una de las cinco empleadas que cubrían este servicio en las zonas de mayor densidad de población inmigrante: unidad de trabajo social (UTS) Macarena-Polígono Norte, Casco Antiguo-Triana, Alcosa-Sevilla Este y Cerro-Su Eminencia.

La labor que venían realizado hasta ahora era de «refuerzo de los servicios sociales comunitarios» ante la «fuerte demanda». Pero también de enorme relevancia por servir de «puerta de entrada» de esta comunidad al denominado SIVO, Servicio de Información, Valoración y Orientación. Un primer contacto personal en el que la comunidad reclama ayuda, principalmente para la regularización (entre las competencias de las entidades locales se halla la de elaborar informes de inserción social para Extranjería a través, por ejemplo, del arraigo social). Sin este programa se cierra un poco más esa puerta.

Las administraciones costearon en 2011 al cincuenta por ciento el programa. Alrededor de 100.000 euros puso la Junta y la misma cantidad el Consistorio. Para 2012, desde San Telmo sólo se ha aprobado una subvención de 39.000 euros, lo que supone un recorte del 61%, y en los pisos de acogida da un 13,12% menos. Por su parte, el Ayuntamiento aún no ha comunicado su plan. De hecho, a las trabajadoras afectadas lo que más llama la atención es que la resolución con la escueta aportación autonómica se conoció el 28 de septiembre, antes del cese, y pese a ofrecer la posibilidad al Ayuntamiento de alternativas para continuar con el programa (reducción de jornada o directamente menos personal), no obtuvieron respuesta. «Se podía arreglar, pero parece que les da igual y el Gobierno central tampoco da un duro. Mientras, hay mucha gente a la que seguir atendiendo. Que se pasen por El Cerezo una tarde, a ver si encuentran a un español», añade una de ellas, recordando que en el momento de crisis actual «la población inmigrante es la más vulnerable: no tienen apoyo familiar, están solos, sufren discriminación y se les niega el trabajo, pero son personas. Ellos seguirán acudiendo a los servicios sociales, pero los profesionales no van a dar abasto».

Según el Observatorio Permanente de la Inmigración presentado en 2011, los extranjeros suponen el 5,3% del total de la población de la capital hispalense, por encima del porcentaje de la provincia, un 4%, y por debajo del 12% de la media nacional y el 8% en Andalucía. El mencionado porcentaje en 2000 era del 0,71%. Se da la circunstancia de que el 36% de estos ciudadanos se hallan en una situación administrativa irregular y son los que más acuden a los servicios sociales. El 48% logran regularizarse a través del trabajo y la residencia. El resto, porcentajes mínimos, los ocupan los estudiantes, becarios, trabajos de investigación...