Aguayo cesa a los altos cargos afines al «padre» del «decreto del enchufismo»

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha prescindido de los altos cargos vinculados a José Antonio Ortiz Mallol, el ex secretario general de Administración Pública, autor material del decreto-ley 5/2010 de reordenación del sector público empresarial y que fue cesado el pasado día.

El Consejo de Gobierno aprobó ayer el nombramiento de Lidia Sánchez como nueva directora del Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) sustituyendo a María Pérez Porras, estrecha colaboradora del «padre» del decreto 5/2010.

Pérez Porras era secretaria general técnica de la Consejería de Justicia y Administración Pública cuando Ortiz Mallol era viceconsejero. Con la desaparición de ese departamento en abril, Martínez Aguayo contó con ambos cuando sumó esas competencias a Hacienda: como secretario general para la Administración Pública y como directora del IAAP.

Ahora los dos están al margen, después de que el Gobierno andaluz aprobara ayer un nuevo decreto que se tramitará como Proyecto de Ley y se debatirá en el Parlamento. Tanto Ortiz Mallol como Pérez Porras han sido objeto de numerosas críticas entre el colectivo de funcionarios, que en las distintas manifestaciones han repartido folletos enumerando supuestas irregularidades cometidas durante su gestión. María Gema Pérez Naranjo, otra persona de confianza de Ortiz Mallol, también fue cesada ayer de su cargo como directora general de Innovación de los Servicios Públicos, puesto que ocupaba desde 2008. Su sustituto es Luis Serrano Sánchez, que trabajaba en el Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos, órgano que depende de la Consejería de Educación, donde estuvo muchos años Manuel Alcaide Calderón, el nuevo hombre fuerte de Administración Pública.
Los nombramientos se completan con Isabel Mayo, que asume la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública.

Hace quince días, Martínez Aguayo justificó el cese de Ortiz Mallol porque había hecho «un trabajo espléndido y se le ha encargado otro también muy importante como es la creación de un tribunal administrativo, un proyecto donde trabaja desde hace mucho tiempo».

La versión oficial de la Junta es que no existe depuración de responsabilidades, según transmitió la portavoz del Ejecutivo, Mar Moreno, ya que la titular de Hacienda y Administración Pública no compareció tras el Consejo de Gobierno –sí participó en un programa de Canal Sur TV–.

Los cambios en la Consejería coinciden con un decreto de modificación de la estructura orgánica de la Consejería «con el fin de reorganizar sus competencias». Se hace siete meses después de que se creara el departamento y tras la polémica suscitada en torno al decreto de reordenación del sector público empresarial.