La preocupación por el paro en la cifra más alta de la década

MADRID- Retenga el dato: ya hay un 83,9% de los españoles que considera que el principal problema de nuestro país es el paro, la cifra más alta registrada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en la última década. El pesimismo, no obstante, no es el mismo entre los españoles que tienen un puesto de trabajo, ya que siete de cada diez consideran «poco o nada probable» que puedan perder su empleo en los próximos doce meses. Le sigue la inquietud por la situación económica que, aunque registra un descenso de punto y medio respecto a la anterior encuesta, aparece como segundo problema, con un 51,6%, seguida de la clase política y los partidos (17,8%). Menor preocupación causa la inmigración (12,6%); la inseguridad ciudadana (9,4%) y el terrorismo (5,6%).
En cuanto a la situación económica, ya hay un 79,2% de los encuestados que cree que se vive un momento «malo o muy malo» frente a sólo un 1,9% que lo considera «bueno o muy bueno». Tampoco mejora la valoración sobre la situación política, que califica de «mala o muy mala» el 63,9% de los españoles mientras que un 3,9% la juzga «buena».
Conclusiones de un barómetro que desvela también que 30 años después del intento de golpe de Estado del 23-F, la Guardia Civil es la institución que más confianza inspira a los ciudadanos. Es más, sólo la Benemérita (con un 6,3) y la Policía (con un 6,1) superan el aprobado. Les sigue el Defensor del pueblo (4,9), el Tribunal Constitucional (4,71), los tribunales de Justicia (4,64) y el Consejo General del Poder Judicial (4,54). El Parlamento, con 3,96, y el Gobierno central, con 3,36, cierran la lista.
Y más allá de los principales problemas el CIS ha preguntado esta vez por el funcionamiento de la Justicia. Y a juzgar por los datos no parece que cuente con el reconocimiento de la opinión pública, ya que el 82,6% afirma que las leyes no protegen por igual los derechos e intereses de todos los ciudadanos. Es más creen que «favorecen a unos más que a otros». En concreto, el 48,6% dice que la ventaja recae en los ricos y el 26% opina que es a los políticos a los que más beneficia. Quizá por ello, el 68,8% asegura que los ciudadanos no son iguales ante la ley, aunque el 58% opina que los españoles son exigentes con sus derechos.
El estudio revela que siete de cada diez españoles cree que las leyes les protegerían «poco» o «nada» en caso de conflicto con un ciudadano rico. Y un 72,3% tiene esa misma creencia si su oponente es una gran empresa o un banco, y la cifra llega al 68% con la Hacienda Pública enfrente. Conclusión: casi la mitad dice que la administración de Justicia funciona «mal» o «muy mal». Y lo que es peor, pocos aprecian una buena evolución porque el 61,6% juzga insuficientes los recursos de la Justicia. ¿Independencia? Los españoles tienen serias dudas. El 37,5% asegura estar poco o nada de acuerdo con la afirmación de que los jueces actúan con honradez.