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La crisis dispara los concursos de acreedores a cifras récord
Dos comunidades autónomas tienen la culpa de que los concursos de acreedores, en crecimiento desbocado como consecuencia de la crisis, hayan alcanzado la cifra histórica más alta en un tercer trimestre desde que el Consejo General del Poder Judicial comenzó a elaborar en 2004 series estadísticas sobre esta materia.
Madrid- Andalucía y la Comunidad Valenciana, con 265 y 300 procedimientos, respectivamente, el pasado trimestre, engordan significativamente el total, con aumentos del 68% y el 47,8% con respecto al mismo periodo del año precedente.
En el conjunto de España se produjeron un total de 1.817 concursos de acreedores, con un incremento del 16 por ciento respecto al mismo periodo de 2010. Aunque se ejecutaron 148 procesos menos con respecto al trimestre precedente, el descenso es menor de lo esperado. Salvo en el arranque de la crisis, a mediados de 2008, el número de concursos de acreedores ha disminuido sustancialmente en el tercer trimestre con relación a los tres meses anteriores.
De nuevo, y pese a una reducción interanual del 2,2%, es Cataluña la comunidad donde las empresas están sufriendo con mayor dureza el impacto del estancamiento de la demanda interna. Sólo en el último trimestre de 2011 se iniciaron 349 concursos de acreedores, lo que eleva a 1.181 los negocios catalanes en suspensión de pagos durante los nueve primeros meses del año.
En 2010, se efectuaron en Cataluña 1.518 procesos de liquidación, la región donde el CGPJ computó más concursos.
Los procesos concursales se redujeron en Asturias (con doce concursos y una caída del 47,8% respecto del tercer trimestre de 2010); Castilla y León (54 concursos y un descenso del 14,3%); Madrid (248 concursos, con caída del 7,1%) y La Rioja (7 concursos y una bajada del 41,7%). Por otro lado, los 177.892 procesos monitorios de reclamación de cantidades iniciados en los juzgados mostraron una reducción interanual más acusada, del 43,8%, con bajadas superiores al 50% en Asturias, Canarias y Madrid.
El informe «Datos sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales», elaborado por el CGPJ, destaca además que los procedimientos de desahucio tramitados por los juzgados españoles han moderado su crecimiento en el tercer trimestre del año, periodo en el que, no obstante, han alcanzado los 10.869, el 14,2% más que en el mismo periodo de 2010.
Según estos datos, el número de desahucios registrados en el tercer trimestre del año, recupera los niveles de hace un año, cuando alcanzó los 9.517. Un trimestre después, en el cuarto de 2010, el número de desahucios se elevó hasta los 13.350.
Entre enero y marzo de 2011, los desahucios alcanzaron los 15.546; una cifra que volvió a incrementarse en el segundo semestre del año, cuando se elevó hasta los 16.464, el 21,2% más que en el mismo periodo de un año antes.
En el acumulado del año, los desahucios se elevan hasta los 42.879, una cifra muy superior a los 33.918 de 2009. No obstante, sigue siendo inferior a los 47.809 de 2010. La Comunidad Valenciana fue la que más registró en el segundo trimestre del año, 2.797, mientras que la que menos fue La Rioja, al sumar 45.
Embargos, en cifras precrisis
Las estadísticas del CGPJ, el órgano de gobierno de los jueces, también ponen de manifiesto que en el tercer trimestre del presente año las entidades financieras iniciaron 14.894 ejecuciones para quedarse con las viviendas por el impago de los préstamos hipotecarios, lo que supone una reducción del 23,1 % en relación con el mismo periodo de 2010. En el acumulado del año, se contabilizan 57.136 ejecuciones, frente a las 71.488 del mismo periodo de 2010, que volvió a ser un año récord en este tipo de procesos al registrarse 93.636.
También descendieron los embargos de los servicios comunes durante el tercer trimestre, alcanzando un total de 17.546, lo que supuso una caída del 32,5% respecto a los meses de julio a septiembre de 2010. Salvo debacle, los embargos acabarán el año en cifras precrisis.
Moratoria a los desahucios
La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros pondrá la próxima semana sobre la mesa del nuevo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, así como del ministro de Economía, Luis de Guindos, y de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (donde se integra Consumo), Ana Mato, una propuesta para dar cobertura legal a una moratoria de tres años para mitigar el «drama hipotecario» de los procesos de embargo.
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