Una reforma en profundidad

De nuevo se ha terminado el plazo. Durante el pasado mayo, el Gobierno repitió infinidad de veces, que a finales de dicho mes se podría llegar a un acuerdo y, en caso contrario, amenazó con aprobar la reforma. Pero, al igual que con las otras seis amenazas anteriores, no se ha llegado a ningún acuerdo y tampoco ha lanzado ningún decreto. Así que seguiremos en junio con el diálogo social entre Ejecutivo, sindicatos y patronal, para tratar de encontrar la solución a esta crisis laboral, que cuenta ya con más de cuatro millones seiscientos mil trabajadores en paro. Pero esta reforma no tendría que ser canalizada por medio del diálogo social, sino que debería de ser compromiso del Gobierno. Desde distintos estamentos, y también desde el Instituto de Estudios Económicos llevamos años reclamando una reforma laboral; una reforma que no se tendría que estar elaborando ahora, sino que se debía haber realizado hace, como mínimo, dos años, para no continuar destruyendo puestos de trabajo. Así que ahora, lo que se necesita es una reforma en profundidad. Parece ser que, el Gobierno, tras las medidas tomadas en el Congreso sobre la bajada del sueldo a los funcionarios, la congelación de las pensiones o la eliminación del cheque-bebé, ya ha cumplido con los deberes en el mes de mayo, y para lo demás habrá que esperar. Pero aunque estas medidas van en la dirección correcta, son insuficientes, puesto que no acometen reformas estructurales para la reducción del gasto público en el futuro ni para la mejora del potencial de crecimiento, que es lo que ahora necesitamos.La pasada semana, el IEE organizó una Jornada sobre «Mercado Laboral». La conclusión fue, que para conseguir los objetivos marcados por el Gobierno, flexibilizar el mercado de trabajo, fomentar también un empleo más estable, hay que desjudicializar los procesos y liberalizar la intervención administrativa en los procedimientos de ajuste de plantillas, así como elaborar un marco laboral distinto del actual; todo ello es imposible conseguirlo por medio del diálogo social. La negociación colectiva debe flexibilizarse, tanto en su configuración como en la vigencia de su alcance, sustituyendo el actual carácter normativo por otro más moderno y contractual; además, se ha de sensibilizar esta negociación respecto a la coyuntura, para que los ajustes sean vía precios y no vía cantidades. Esta reforma laboral debería impulsar la movilidad geográfica, así como la cualificación y la especialización de los trabajadores según las exigencias de los avances tecnológicos y los cambios en la estructura productiva de la economía. Ésta es la razón por la que las carencias de formación se traducen en serias limitaciones que impiden la necesaria adaptación de las empresas a las demandas cambiantes y retraen su capacidad de innovación y de creación de valor añadido, cuestiones esenciales para una competitividad más sólida.Habría que priorizar la supresión de la brecha existente con relación a los costes de despido, pues el alto grado de proteccionismo de los trabajadores con mayor tiempo de permanencia en las empresas dificulta el ajuste entre la oferta y la demanda de trabajo. En este sentido, la corrección en el mercado se ha realizado de forma notablemente asimétrica al producirse por la vía del despido de los trabajadores temporales a un coste prácticamente nulo. Los altos costes de despido de los trabajadores más antiguos condicionan las nuevas contrataciones, distorsionan las decisiones relacionadas con la movilidad geográfica e interempresarial de los trabajadores más antiguos y dificultan el acceso al mercado de los colectivos más representativos en la contratación temporal, como son las mujeres, los jóvenes y los inmigrantes. Así que la solución sería crear un contrato único que flexibilizase el mercado que eliminase la distinción contractual entre trabajadores temporales y fijos, mediante el establecimiento de un contrato de tipo universal cuyas indemnizaciones por despido se acotasen en el entorno de 20 días por año trabajado.En referencia a los dos modelos cuya implantación ha insinuado el Gobierno, se ha de destacar que el modelo alemán de trabajo reducido, resultaría del todo ineficiente en España, ya que el agotamiento del modelo productivo imposibilitaría la reabsorción de todo el empleo destruido por parte de la actividad constructora, además de que el coste de oportunidad de los recursos públicos destinados a mantener el empleo artificial derivado de esta medida, resultaría, en esta etapa del ciclo, muy elevado. El segundo, el modelo austriaco de indemnización, sería adecuado, puesto que reduce el coste para la empresa en época de crisis y favorece la movilidad del trabajador, pero para su aplicación habría que eliminar la indemnización por despido, pues en caso contrario, incrementaría los costes laborales y, por tanto, el paro. La reforma laboral en profundidad constituye una pieza fundamental de las políticas de oferta necesarias para mejorar el potencial de crecimiento de la economía española.