Bruselas

Alas de plomo para Cataluña

Alas de plomo para Cataluña
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BARCELONA- A finales de enero de 2009, con una galopante crisis económica de fondo, el consejo de administración de Catalana d'Iniciatives –un fondo de capital participado por una docena de empresas, el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat– se disponía a aprobar la adquisición de Spanair, entonces en manos de la compañía sueca SAS. El consejo había leído con atención un informe de Lufthansa –líder de la alianza Star Alliance en la que se integraba Spanair– que aseguraba que, pese a la crisis, la compañía que iba a tener sede en Barcelona podía entrar en beneficios en sólo un año. Ese mismo informe aseguraba que con la reestruccturación necesaria –reducción de flota y de plantilla–, Spanair únicamente debía centrarse en sus mercados más rentables para ser viable.

Una operación «de país»
Varios de los empresarios de Catalana d'Iniciatives se sentían entusiasmados porque contaban con el determinado apoyo del tripartito –el gobierno que contralaba la Generalitat– y del Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por el PSC. Tanta era la determinación por hacerse con una aerolínea que el mayor defensor de la operación, el presidente de Turismo de Barcelona, Joan Gaspart, llegó a decir que el dinero no iba a ser ningún inconveniente. «Por dinero no dejará de hacerse esta operación», manifestó. Lo único en lo que había que fijarse es que Spanair iba a dar alas al territorio. «Los catalanes vemos que esto es una buena operación empresarial, una buena operación para el país y para la ciudad de Barcelona», añadió.

Tres años después, la operación ha resultado ser una ruina, un delirio de quienes creyeron que bastaba con hacerse con una aerolínea de bandera catalana para propulsar el aeropuerto de El Prat y convertirlo en un centro de conexiones internacionales (un «hub» en la jerga aeronáutica). Los promotores de la operación, públicos y privados, se felicitaron por su coraje al hacerse con una compañía que perdía en torno a los 80 millones de euros anuales. Pensaron que era un gesto audaz ante la crisis y que iba a servir para crear rutas que otras aerolíneas no ofrecían desde Barcelona porque no eran rentables.

Los augurios eran inmejorables. El entonces consejero de de Innovación, Universdades y Empresa, Josep Huguet (ERC) visualizaba la compra de Spanair como la maniobra perfecta para convertir El Prat en la puerta de entrada a Oriente Medio.

Con perspectivas tan sobresalientes se cerró la adquisisón. Catalana d'Iniciatives, Turismo de Barcelona (público al 50 por ciento), Fira de Barcelona (público al 66 por ciento), la sociedad Volcat 2009, y un grupo de empresarios hoteleros y del sector turístico catalán se unieron en Iniciativas Empresariales Aeronáuticas para adquirir el 80,1 por ciento de Spanair. El 19,9 por ciento restante quedaba en manos de la escandinava SAS, que se hacía cargo de la deuda anterior de la línea.

De entrada, se realizó una ampliación de capital de 100 millones, pero, pasados 15 meses, se vio que no había suficiente. Así comenzó una secuencia de rescates disfrazados de inversión para mantener en el aire una compañía, cuya cuenta de explotación seguía en negativo. Sus competidores censuraron la actitud de las administraciones públicas, pero no sirvió para disuadirlas. En tres años, Spanair ha recibido unos 150 millones de dinero público hasta que el Govern de CiU ha dicho basta. El erario no podía seguir sufriendo esa sangría, ni tan siquiera por patriotismo.

 

El peso de las denuncias
- «Flagrantes e injustas infracciones de la legislación de ayudas de Estado». Esto es lo que han denunciado en repetidas ocasiones cinco aerolíneas de bajo coste ante el comisario de la Competencia en Bruselas, Joaquín Almunia.n Los denunciantes argumentaban que «los sucesivos préstamos a Spanair son claros incumplimientos de las ayudas de Estado» que distorsionaban gravemente la competencia
-El peso de estas denuncias ha acabado siendo decisivo, según admite la propia Catalana d'Iniciatives, ya que Qatar Airways –la compañía que Spanair sondeaba como el socio necesario para garantizar su viabilidad– ha acabado por descartar una inyección de dinero porque temía que Bruselas obligara a devolver las millonarias ayudas públicas recibidas.