Las cámaras del centro no se han activado desde su instalación

SEVILLA- No funcionan. Las veinte cámaras de control de acceso al centro no han sido activadas, según fuentes policiales, a pesar de que el Ayuntamiento anunció que funcionarían en julio de forma disuasoria y se impondrían multas con carácter informativo y, a partir de septiembre, de 90 euros por estancias de más de 45 minutos. Fuentes vecinales confirmaron que han continuado aparcando y «no han llegado sanciones ni notas informativas».

Desde el servicio de administración del Distrito Casco Antiguo aseguraron, además, que ven «inviable» el arranque del plan en septiembre, como anunció el Ayuntamiento, que ayer aseguró que el proyecto «va bien». A tres meses vista, nadie de la Delegación de Movilidad había contactado con los funcionarios que controlan los vehículos que acceden a la raíz de la ciudad.

Desde el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España en Sevilla (Sppme) avisan de la complejidad del software necesario, ya que se debe tener en cuenta los vehículos con permiso de estacionamiento, los que entren a descargar, los de emergencias y numerosos imponderables como que «a un vecino se le estropee su coche habitual y acceda con un vehículo de sustitución». «Qué van a hacer. ¿Le dirán a los vecinos que no pueden entrar a sus casas?», cuestiona el Sppme.

No es la primera vez que el Ayuntamiento anuncia una medida que, posteriormente, no se lleva a cabo. Como adelantó LA RAZÓN de Sevilla en diciembre de 2008, las cámaras de la Ronda Histórica –instaladas el 24 de agosto de ese año– no cumplían su función sancionadora. Sólo grababan, informaron fuentes policiales, ya que la Delegación de Hacienda no gestionaba las sanciones. En septiembre de 2009 se colocaron más cámaras para el sentido único y el carril bus. En junio de 2010, el Consistorio anunció que empezaría a multar, tras aprobar la designación del Servicio de Proyectos y Obras de Movilidad como encargado de tramitar las sanciones directamente a la Agencia Tributaria.

Según el Sppme, el sistema de la Ronda es mucho menos complejo, al limitarse a controlar los carriles y no si los vehículos tienen permiso para circular, y ha tardado, tomando como cierto el último anuncio del Ayuntamiento, dos años en funcionar. Por tanto, la implantación para septiembre del plan de blindaje del centro se antoja «imposible».

El proyecto, no obstante, fue anunciado para octubre de 2007. Entonces, se postergó –a saber– al verano de 2008 y finales de ese año; el primer trimestre y, después, el verano de 2009; y, finalmente, septiembre de 2010. Más allá de los incumplimientos, durante gran parte de este tiempo muchos de los residentes –alrededor de 5.000– pagaron una tarjeta de acceso al centro –1,67 euros al año– inútil a todos los efectos. Según Movilidad, al centro acceden cerca de 110.000 vehículos al día, 40.000 de residentes.
 
Ante las críticas por la supuesta ilegalidad de la medida por parte de los comerciantes, el delegado de Movilidad, Francisco Fernández, aseguró que al utilizar las cámaras «sólo para el tráfico, y no como videovigilancia, no necesitan la autorización del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía». Por si acaso, el Consistorio ideó una ordenanza para dar cobertura jurídica a la restricción.

El alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, prometió que los residentes del centro disfrutarían de 700 plazas de aparcamiento en superficie que quedarían liberadas al trasladar la zona azul a la periferia. Sólo Antonia Díaz y Adriano seguirán siendo «azules». Se supone, porque este aspecto y otros como la carga y descarga no han quedado del todo claros. El PGOU recoge el «drenaje» del centro –no el «blindaje»–, basándose en estudios como «El libro urbano de Sevilla», que hablan de una alternativa de movilidad: metro, tranvía, autobuses y taxis. Esta medida se aplica en más de 60 ciudades de Europa, con el apoyo de comerciantes y vecinos. En Las Ramblas de Barcelona, por ejemplo, existe un gran intercambiador, cuatro parkings y tres paradas de metro en la zona restringida. En Sevilla, estos sectores –a los que se han unido la asociación de consumidores Facua y los colegios de médicos, arquitectos y enfermeros– aseguran que no rechazan las peatonalizaciones ni el cierre al tráfico en sí, sino la falta de alternativas. Aprocom habla de una bajada de la actividad comercial de un 30%, desde la implantación de las políticas «peatonales» y del cierre de más de un centenar de comercios en dos años en el centro y Los Remedios. El Consistorio anunció que aplicará la medida sin necesidad de habilitar más parkings –aludiendo a que en la corona del centro el 30% de las plazas están libres– ni más líneas de autobuses, ya que Tussam tiene capacidad para desplazar 415.000 personas al día. Todos los aparcamientos del centro juntos suman 5.200 plazas; una por cada 21 coches que entran en la zona.

Con todo, el alcalde asegura que «todo está previsto» –¿la carga y descarga, la zona azul y la inactividad de las cámaras también?– en el plan de tráfico y que la iniciativa favorecerá el turismo. El Análisis del Impacto del Corredor AVE Sevilla-Málaga sobre el Turismo, promovido por la Cámara de Comercio y financiado por la Junta, por su parte, habla de «la movilidad interna» como uno de los principales lastres que restan turistas a Sevilla.

La política de la contradicción
Pregunta: «¿Cuándo comienzan a operar las cámaras?». Respuesta: «Están captando imágenes y almacenando las infracciones». Al requerirse los expedientes, Movilidad asegura que «no se quieren publicitar». Pese a que en la Ronda no se multaba, Fernández lo negó, y tras solicitársele las sanciones y ante la evidencia de que este diario tenía informes de lo contrario, admitió, en segundos, que «confía en los ciudadanos y las cámaras se usan de forma disuasoria». El Plan de Tráfico tiene todo previsto, dice el alcalde. Menos las contradicciones evidentes.