Bruselas

La inversión en infraestructuras no ejecutadas asciende a 3932 millones

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2011 esconden en su letra pequeña la cifra de inversiones en infraestructuras no ejecutadas territorialmente en el presente año. El dato es llamativo en su total porque coincide con la cantidad en la que se le ha disparado al Gobierno la partida de gasto destinado al pago de intereses de la deuda pública. Y también resulta muy relevante desgranado por comunidades autónomas.

La inversión en infraestructuras no ejecutadas asciende a 3932 millones
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Así, las infraestructuras no ejecutadas suponen un teórico ahorro de 3.932 millones de euros, pero resulta que el Ejecutivo ha elevado precisamente en unos 4.000 millones de euros el gasto para pagar los intereses de la deuda pública en 2011.

Las previsiones presupuestarias para el próximo ejercicio confirman que la «hipoteca» del Gobierno de Rodríguez Zapatero seguirá creciendo pese al ajuste. En concreto, la deuda acumulada por el Estado alcanzará el 47,8% del PIB el próximo año y la del conjunto de Administraciones Públicas se acercará al 69%, lo que obligará al Ejecutivo a destinar los citados 27.000 millones de euros, 4.000 más que este año, al pago de intereses y amortización de la deuda.

Y la consecuencia es que habrá menos infraestructuras y más paro del previsto en las estimaciones de hace tan sólo tres meses. Entonces el Gobierno preveía una tasa de desempleo cuatro décimas más baja que la incorporada finalmente en las cuentas de 2011.

De la inversión prevista para 2010 y no ejecutada, llaman la atención las cifras de tres bastiones del voto socialista. En Cataluña alcanza el porcentaje del 35 por ciento; en Andalucía, del 43 por ciento; y en Extremadura, del 62 por ciento. Cierto es que Cataluña y Andalucía tenían también los Presupuestos de inversión más altos, pero no ocurre así con el feudo extremeño.

Este último ocupa el segundo lugar, después de La Rioja, en inversión no ejecutada. Aragón, con el 57 por ciento; y Murcia, con el 50 por ciento, son otras dos comunidades especialmente perjudicadas por los recortes implantados «in extremis» para lanzar un mensaje tranquilizador a Bruselas ante la subida desbocada de la cifra del déficit público.

Para sortear las noticias de recortes en infraestructuras parece que el Gobierno ha tenido que recurrir a la táctica del palo y la zanahoria. Así, el primer tijeretazo anunciado a finales de julio cayó como una bomba atómica.

Pocos días después Fomento anunciaba que podrían salvarse unos 200 millones de euros, que se convirtieron, finalmente, en 700 millones, tras una reunión con la ministra de Economía.

Actuaciones

De aquellos indultos, Andalucía fue la comunidad más beneficiada, con 12 actuaciones, seguida de Cataluña, con 10. A falta de ver en qué quedan los compromisos, el dato ya irrebatible es que en 2010 se han ejecutado esos 4.000 millones de euros menos de los previstos inicialmente. Con sus inevitables repercusiones también en la oferta de empleo.

Ante la dimensión del recorte propuesto por Fomento, las constructoras esperan como agua de mayo la concreción de los proyectos del Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI), que prevé la inversión de 17.000 millones con la ayuda del capital privado.

El ministro de Fomento, José Blanco, ya ha anunciado que a finales de año se licitarán las primeras actuaciones, por valor de 5.500 millones. La mayoría se refiere a proyectos de ferrocarril. El problema es cómo acaban financiándose.