La Ley de Servicios Sociales agilizará la atención para quienes los necesiten

valladolid- La nueva Ley de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia de Castilla y León servirá para agilizar y mejorar la prestación de apoyo a las personas que lo requieran. Así lo expuso el consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, quien recordó que la puesta en marcha de esta norma, que supone un nuevo paso con respecto a la legislación previa, de 1988, también responde a un mandato del Estatuto de Autonomía. Este proyecto de Ley, que salió adelanto con el respaldo del Partido Popular, nace del consenso con los agentes implicados en su desarrollo, entre ellos los ayuntamientos y las diputaciones, además de las agrupaciones integradas en el Comité Español de Representantes de Minusválidos (Cermi) y los agentes sociales.
Y es que, la Ley beneficiará a miles de hogares de Castilla y León en los que viven mayores, discapacitados y sus familiares, según recordó César Antón, quien remarcó que la región avanza así en el reconocimiento de los servicios sociales como un «derecho subjetivo», de modo que si el ciudadano solicitante requiere de una asistencia concreta y considera que no se atiende a sus peticiones, podrá reclamarlo ante las administraciones, pero también ante los tribunales.
La norma, según expuso el consejero, incorpora un catálogo de derechos y deberes, entre los que se incorporan algunos de calado novedoso, como el referido a la atención temprana de niños con discapacidad, el Ingreso Mínimo de Inserción, que se vinculará a la Renta Garantizada de Ciudadanía -cuyo reglamento hoy recibe el visto bueno del Consejo de Gobierno- cuando entre en vigor o la telesasistencia general para las personas mayores de 80 años, en torno a 180.000 en la actualidad.
Igualmente, se incide en el respaldo familiar, con medidas de amparo para los cuidadores de las personas dependientes, además de para los propios perceptores.
Por otra parte, destacó César Antón, la nueva Ley también fijará fórmulas detalladas de cofinanciación de las prestaciones que se aplican desde las administraciones locales, para frenar las denuncias constantes de aquéllas con respecto a la gestión económica de las denominadas «competencias impropias».
Asimismo, el texto legislativo impulsado ayer en el parlamento regional determinará un mapa de asistencia que fijará centros y programas en cada una de las áreas en las que se divide el territorio autonómico.
Desde el PSOE no se vio de forma tan positiva la implantación de esta nueva Ley, tal como expuso el procurador abulense Fernando Rodero, quien recordó que su aprobación viene arrastrándose desde que, dijo, por primera vez, anunciase su intención de legislar la materia el ex presidente Juan José Lucas, por lo que hizo un juego de palabras manifestando que «nunca es tarde si la dicha es buena, pero en este caso la dicha es poca». Y justificó esta afirmación, incidiendo en la principal crítica del grupo parlamentario socialista, que se centra en que «abre la puerta a una privatización de servicios».
A ello agregó que no se establece un catálogo de prestaciones, ya que a su entender no se refleja en la norma, a la que presentaron 138 enmiendas.
Imagen ideológica
Por su parte, la procuradora palentina del Partido Popular Ángeles Armisén rechazó el dicurso de los socialistas por «antiguo» y porque, a su entender, responden a un «seguidismo» y buscan «instrumentalizar la ley por una imagen ideológica».
A su entender, está Ley sienta las bases de la atención social del siglo XXI, de cara a ofrecer una atención de «última generación», a la par que recordó que no es el Gobierno autonómico el que recorta prestaciones para quienes más las necesitan, sino que quien actúa de esta manera es el Estado, en referencia a la supresión de los 426 euros a los parados sin ningún tipo de subsidio.