Un jurado popular enjuiciará al acusado de descuartizar a una mujer americana

Sevilla- El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ordenado que sea un jurado popular, y no un tribunal profesional, el que enjuicie a Antonio Gordillo, el joven de 30 años que permanece en prisión provisional acusado de asesinar y descuartizar en agosto de 2010 a una mujer norteamericana de 49 años, identificada como Laura Cerna, en el barrio del Tiro de Línea de la capital hispalense.

En un auto dictado ayer, la Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal andaluz, presidida por Lorenzo del Río, estimó el recurso interpuesto por el letrado del marido de la víctima, Marcos Cañadas, recurso al que se adhirió la Fiscalía, y revocó el auto en el que el magistrado que fue designado para presidir el jurado ordenó que el caso fuera enjuiciado por un tribunal.

La Audiencia Provincial apostó por un tribunal profesional, en contra de lo que acordó el pasado mes de mayo el juez de Instrucción número 18 de Sevilla. Lo hizo al aplicar, a la luz de la nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS), la «conexión» entre los delitos que se le imputan al acusado y consideró que el «objetivo principal» de Gordillo, según lo relatado por una de las acusaciones, era agredir sexualmente a la víctima, tras lo cual, y al verse rechazado, cometió el crimen.

En una vista celebrada el pasado miércoles, el letrado del marido de la víctima defendió que, aunque el objetivo inicial del acusado fue un acercamiento sexual a Laura, el objetivo último no era la agresión sexual, mientras que la Fiscalía argumentó que «no hay ninguna prueba ni indicio» que permita sostener que el imputado agredió sexualmente a la mujer.

De otro lado, la defensa del imputado y la acusación particular que ejercen los padres y el hijo de la víctima pidieron un tribunal profesional. Ahora, el TSJA ordena que el caso lo enjuicie un jurado al considerar que el fin último no era la agresión sexual.

La Fiscalía pide 25 años
La Fiscalía solicita para Antonio Gordillo 25 años de cárcel por un delito de asesinato. La acusación particular, por su parte, pide 25 años de prisión por el delito de asesinato; cinco años por otro de agresión sexual y cinco meses por profanación de cadáveres.