Sindicatos exigen a la Junta que desbloquee el concurso de méritos «secuestrado»

SEVILLA- «El Gobierno andaluz mantiene secuestrado el concurso de méritos que debería haberse resuelto el 15 de noviembre de 2011». Es una queja del secretario general del Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta (Safja), Carlos Ezequiel Sánchez, quien confirma a LA RAZÓN que el pasado 30 de julio, la organización sindical registró un escrito destinado a la Consejería de Hacienda y Administración Pública para exigir su resolución «conforme a las bases originales del mismo y no teniendo en cuenta la antigüedad de los interinos, como quieren».

En el documento, al que ha tenido acceso este periódico, se acusa a la Junta de empeñarse en «no cumplir con los plazos que señala el Decreto 2/2002 –por el que se aprueba el reglamento general de ingreso, promoción interna y provisión de puestos para los funcionarios de la Administración General autonómica–». «Primero –matizan– al no convocar un concurso desde el año 2009, estando obligada a hacerlo cada seis meses, y, segundo, al no resolver el último convocado –se abrió en marzo de 2011– en el plazo legalmente establecido».

Desde esa posición, el sindicato insta al Ejecutivo andaluz a que «proceda a ejecutar la sentencia de fecha 29 de junio de 2012 con carácter de urgencia y, por ende, a resolver el concurso de méritos». Se trata de un fallo del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 12 de Sevilla en el que se señala que la resolución del Gobierno autonómico sobre este asunto, impugnada por Safja, «revocó una base de un concurso de promoción que ya se hallaba en su fase final –a 4 días de éste–, con listas provisionales». Y añade: «Cambió las normas del juego para establecer otra que vulneraba la normativa que la propia Administración andaluza se había dado para valorar los méritos sin previamente modificar la norma aplicable, el Decreto 2/2002», por lo que el tribunal entiende que se ha conculcado «el artículo 23.2 de la Constitución española».

Sánchez está convencido de que lo que «está sucediendo con este concurso» no es más que «una ‘vendetta' de la consejera de Hacienda –Carmen Martínez Aguayo–, contra los funcionarios por salir a la calle a protestar y llevar a los tribunales su ‘Ley del Enchufismo'». En ese sentido, apunta que la «ilegal rebaremación» de los méritos sólo se aplicó en la Administración General de la Junta «y no en otros ámbitos como justicia o educación».

El sindicato teme que la cuestión se dilate en torno a tres años si «la Junta sigue recurriendo en los juzgados hasta llegar a un pronunciamiento del Tribunal Supremo». «El Ejecutivo andaluz demuestra tener cero humanidad. No piensa que detrás de cada código, lo que somos para ellos, hay historias personales, algunas trágicas», lamenta Sánchez. En un ejercicio de reflexión plantea: «Hay cientos de trabajadores desplazados, a algunos de los cuales les cuesta dinero acudir cada día a su puesto. Están desesperados porque a la incertidumbre que supone la irresolución del concurso, se suman ahora los recortes».

En la misma línea, la presidenta del sector de Administración Autonómica de la Junta de CSI-F Andalucía, Alicia Martos, recuerda que «los 21 concursos de mérito –se convocan uno por cada Consejería y por provincias– están suspendidos por los tribunales». Comparte la idea de que el Ejecutivo regional bloquea «a propósito» una «situación que no quiere resolver, alegando que no hay ninguna sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre el fondo de la cuestión, cuando no es cierto». Martos explica que éste «se ha pronunciado hasta en tres ocasiones sobre el fondo del asunto con motivo, no del concurso de 2011, pero sí de otros anteriores», anulando las rebaremaciones.

«Estamos ante una medida más de ensañamiento de la Junta contra los funcionarios. Es un ajuste de cuentas», manifiesta para alumbrar una posible causa: «Resolver el concurso supondría dinero, entre otras cuestiones, por la promoción a la que los funcionarios tienen derecho». Anuncia que CSI-F aconsejará a los afectados pedir «responsabilidades patrimoniales» a la Administración por los perjuicios que su actuación les haya causado.

DESENCUENTRO JUDICIAL Y POLÍTICO
En el escrito del Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta (Safja), sellado por la Consejería de Presidencia el pasado 30 de julio, se recuerda que esta organización «ha tenido que recurrir todas las órdenes y resoluciones por las que se acuerda la rebaremación del concurso, obteniendo numerosas sentencias que nos dan la razón». Al margen de la batalla judicial, fuentes del sindicato explican a LA RAZÓN que han trasladado su «preocupación» por esta nueva «vulneración de la legalidad por parte de la Junta» tanto al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, como a los Grupos Parlamentario de IU y del PP. Preguntadas por qué no se han reunido con el del PSOE, ésta es su respuesta: «Ni siquiera se han molestado en contestarnos», lamentan. Una actitud, con todo, que «ya» no les «sorprende», dado que «el diálogo con nosotros no es una de la características de los socialistas», disparan.