Diez años de irregularidades

SEVILLA- La juez Mercedes Alaya que investiga la presunta trama de prejubilaciones fraudulentas sigue escalando peldaños de esa célebre pirámide que ya mencionó en uno de sus autos. La instructora ha dejado sin argumentos al Gobierno andaluz, que desde que se conoció el escándalo circunscribió la responsabilidad a la Dirección general de Trabajo y Seguridad Social cuando este centro directivo era ocupado por Francisco Javier Guerrero. La realidad es que el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla considera, a tenor de las imputaciones realizadas, que las irregularidades han sido una práctica extendida en los últimos once años en la Consejería de Empleo. Ahora falta discernir el grado de responsabilidad de cada uno de los actores.

Durante el primero de los interrogatorios a Guerrero, los agentes de la Guardia Civil le mostraron un organigrama con los principales responsables de Empleo desde 1999. Los agentes no sólo investigan sus actuaciones durante el periodo que estuvo en la Dirección general de Trabajo –entre 1999 y 2008–, sino que quieren discernir el papel que jugaron el resto de altos cargos.

Guerrero entró en la Consejería de Empleo con Guillermo Gutiérrez como consejero. Salvo giro inesperado, éste último queda fuera de las pesquisas porque abandonó su cargo en 2000. Es en este año cuando lo releva José Antonio Viera, uno de los principales protagonistas de la trama.

La Guardia Civil en un anticipo de su informe ya ha señalado que Viera «jugó un papel esencial» en la concesión de ayudas ilegales a empresas. Bajo su mandato, se inició la trama que hoy tiene contra las cuerdas a la Junta de Andalucía a menos de un mes de las elecciones autonómicas. El ex secretario provincial del PSOE de Sevilla firmó el convenio con el ente instrumental IFA que permitió burlar los trámites administrativos exigidos por la Intervención General de Hacienda. Viera es aforado y aún no está imputado, pero son pocos los que dudan de que seguirá el camino de Antonio Fernández.

Fernández fue viceconsejero con Viera y lo sustituyó al frente de la cartera de Empleo en 2004. Él sí está imputado, aunque aún no ha prestado declaración ni lo ha citado la juez. Fue uno de los artífices –hay quien apunta que el principal– del mencionado convenio con el IFA. Estuvo en el cargo hasta 2010 y Griñán prescindió de sus servicios tras su primera crisis de Gobierno.

Fue entonces cuando llegó al cargo Manuel Recio, el tercer consejero con responsabilidad durante el periodo investigado –desde 2001 hasta la actualidad–. El PP andaluz lo ha acusado de destruir pruebas relacionadas con el escándalo, algo que él niega. Guerrero, en su primera declaración, también denunció este hecho, aunque no acusó a nadie en concreto. Es la principal amenaza que se cierne sobre él. Ésa, y que la inercia de los últimos diez años en la Consejería de Empleo le haya llevado a continuar con alguna práctica irregular originada en años anteriores.

Esto último es lo que argumenta su director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera Gómez, imputado por la instructora por dar continuidad a pagos irregulares –la juez menciona el caso de la empresa Surcolor, en el que Rivera autoriza que se abone una cantidad a los trabajadores prejubilados sin reparar que estaban incluidos como beneficiarios dos intrusos–. Él ha recurrido esa decisión, pero la Guardia Civil defiende que durante los casi dos años que lleva en el cargo se han seguido produciendo pagos irregulares sin el procedimiento administrativo correcto.

Junto a Rivera y Guerrero, se encuentra Juan Márquez, que ocupó el cargo entre 2008 y 2010. Durante sus dos años como director general de Trabajo y Seguridad Social se han detectado intrusos en ERE pagados con cargo al Presupuesto autonómico y se continuó con los pagos cruzados a través de la Agencia IDEA –sustituto del IFA–. Los tres directores generales en esta etapa tendrán que declarar ante la juez Alaya.

Esta semana se ha sumado otro alto cargo, el viceconsejero Agustín Barberá. Persona de confianza de Antonio Fernández, la titular del juzgado de Instrucción 6 asegura que conocía la «falta de legalidad» de las prácticas de la Consejería de Empleo. Como responsable administrativo de la Consejería, su imputación parecía descontada. Él era la persona que recibió los informes de la Intervención General en los que el órgano fiscalizador advertía de que el sistema ideado para pagar ERE y ayudas directas a empresas era ilegal. No atendió las indicaciones.

En el organigrama que la Guardia Civil mostró a Guerrero, de momento, sólo quedan fuera de la trama el aforado Viera y el viceconsejero y consejero de Empleo actuales. Será la juez la que dictamine dónde pone el punto y final de sus pesquisas.

«La cueva de Alí Babá»
PP e IU han votado a favor de una comisión de investigación en el Parlamento que analice las prácticas de la Consejería de Empleo en los últimos años. La mayoría absoluta del PSOE ha tumbado esta posibilidad en todas las ocasiones. Lo que no ha podido hacer es que la sospecha se haya instaurado de manera generalizada. Al margen de los ERE, el fraude de los fondos europeos a la contratación indefinida o a los discapacitados ha empeorado la imagen de un departamento trascendental en una comunidad con tasas de parto superiores al 30 por ciento. «La consejería de Empleo es la cueva de Alí Babá» o está «podrida», ha dicho en alguna ocasión el secretario general del PP-A, Antonio Sanz.