El Pacto del Gobierno por la Sanidad estalla antes de ver la luz

El cacareado Pacto de Estado por la Sanidad que con tanto ahínco como alarde mediático han tratado de alumbrar la ministra Trinidad Jiménez y sus lugartenientes, siguiendo la estela marcada por Bernat Soria, va a terminar en aborto.

El documento de 29 páginas que, al final, se ha quedado en apenas diez, y cuyo contenido adelantó ayer LA RAZÓN, ha provocado en el PP y los nacionalistas estupor y, en algún caso, incluso, hasta indignación. «No puede ser más vago, estéril y errático para salvar a la Sanidad de la grave situación en la que está sumida», se oía ayer en las filas de la oposición. El rechazo suscitado es tal, que los populares, CiU y, posiblemente, el PNV tienen previsto formular hoy un voto particular en el Congreso de los Diputados, con el objetivo de mostrar su desacuerdo con el documento. Lo harán en el seno de la Subcomisión creada para fraguar el texto bajo la presidencia de Gaspar Llamazares.

En manos del Gobierno

El rechazo de la oposición deja pues solos a PSOE e IU en el hemiciclo parlamentario y deslegitima las propuestas emanadas por ambos partidos, siguiendo los auspicios del Gobierno. El pacto queda de esta forma muerto antes de nacer, y si el Ejecutivo desea introducir reformas en el Sistema Nacional de Salud podrá acometerlas, pero en su nombre y bajo su entera responsabilidad, no bajo el paraguas del Parlamento.

¿Qué dice la propuesta de acuerdo para provocar tal grado de rechazo? El documento está repleto de propuestas vagas como la de «incrementar la inversión, de forma que se asegure la suficiencia financiera»; la de considerar al Ministerio de Sanidad «como garante de la equidad básica», o la de «establecer los canales de coordinación necesarios entre dos de los pilares del Estado de Bienestar, el sistema sanitario y el sistema de apoyo social».

Sin embargo, el texto propuesto por Llamazares a instancias del Gobierno encierra algunas «bombas de relojería» que la oposición no está dispuesta a respaldar. Se trata, por ejemplo, de la propuesta de incrementar la financiación sanitaria por la vía de una subida encubierta de los impuestos sobre el alcohol y el tabaco; la de incrementar el copago de los medicamentos y, especialmente, la intención de suprimir Muface, obligando con ello a 1,2 millones de funcionarios y a sus familias a recibir asistencia sanitaria exclusivamente en el sistema público.

Un carácter «insustancial»

La ex ministra y máxima responsable sanitaria del PP, Ana Pastor, arremete duramente contra la eliminación de Muface, un modelo que, a su juicio, ha demostrado con creces su eficiencia y no constituye privilegio alguno para los funcionarios, «que cotizan doblemente y a los que nadie les regala nada». Pastor aseguró ayer que su partido hará constar en el voto particular el carácter «insustancial» de muchas de las medidas formuladas, y remarcó que «no son las que necesita el sistema sanitario, porque no aportan solución alguna a sus problemas».

«Las propuestas pueden valer para un simposio o para una conferencia, pero no para un acuerdo de este tipo; los ciudadanos no entenderían que apoyáramos algo que no contribuye a arreglar nada», aseguró la ex ministra.

Desde las filas nacionalistas, la indignación ayer era también manifiesta. Fuentes de CiU demandaron «medidas concretas en vez de simples vaguedades», y aseguraron que este partido también hará constar su rechazo en un voto particular. Los nacionalistas ven al Ministerio de Sanidad detrás de las iniciativas que les ha formulado Llamazares.


Un déficit gigantesco y una deuda monstruosa
- Los datos sobre la situación económica del sistema sanitario son cada vez más inquietantes, aunque no aluda a ellos la propuesta de pacto articulada a través de Llamazares.

9.000millones de déficit este año
Ésta es la cantidad más optimista, reconocida oficialmente incluso por el Ministerio de Sanidad. Algunas fuentes temen en cambio que la cifra llegue a rondar este año los 15.000 millones.
3.000 millones de deuda
Es el dinero que las autonomías adeudaban a finales del pasado mes de junio a los proveedores de productos sanitarios.