Rubalcaba en Sol

Cumplir la Ley y hacerla cumplir son obligaciones inherentes a cualquier cargo político, y más aún si a quien compete esta misión es al ministro del Interior. El cumplimiento de la Ley es un precepto tan arraigado en Democracia que ni tan siquiera su ignorancia exime de su cumplimiento. Por eso se equivocó Rubalcaba al no ordenar el desalojo de los «indignados» acampados en Sol, después de que la Junta Electoral Central declarara ilegal el acto de protesta en la jornada de reflexión. La razón esgrimida de que el remedio podía haber sido peor que la enfermedad, debió ser interpretada por la gente como excusas de mal pagador y de descrédito para las Fuerzas de Seguridad españolas, que están muy bien preparadas para actuar en situaciones como ésta. De hecho, han disuelto concentraciones más difíciles sin causar muertos o heridos. La realidad pudo ser el temor del Gobierno a que una actuación policial de esas características se le volviera en contra a tres días de votar. Pues la protesta no era específica contra el Gobierno del PSOE, sino contra la clase política general, el sistema, los banqueros. En este «totum revolutum», se diluía la responsabilidad del Ejecutivo. O por lo menos, es lo que debió pensar el titular de Interior cuando miró para otro lado ante la ilegalidad que se estaba cometiendo. Pero al depositar la papeleta, la gente demostró que no se deja engañar.