Inhabilitación a los malos gestores

MADRID- La vicepresidenta y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, ya ha puesto en marcha los contactos con los sectores que se verán afectados por la futura Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que el Ejecutivo quiere aprobar en el primer trimestre del año. Sáenz de Santamaría explicará las líneas maestras de este proyecto en la comparecencia que realizará en el Congreso la próxima semana.

La ley está, por tanto, en máquinas, y, entre otras cuestiones, servirá para sellar el cerco al despilfarro y a la mala gestión de los fondos públicos que establecerá la Ley de Estabilidad Presupuestaria que aprobará el Consejo de Ministros del día 27. Hacienda mantiene que «intervendrá» aquellas comunidades autónomas que incumplan de forma sistemática sus objetivos de déficit o falten a sus compromisos de pago, según confirmó ayer en la Cadena Ser el ministro Cristóbal Montoro. Hacienda se reserva así la potestad para tomar las riendas de la economía de una región que necesite ayuda y no se atenga a sus compromisos, lógicamente con la participación del Gobierno autonómico afectado, lo que es una copia del modelo europeo de la «troika» en el rescate de países como Grecia o Irlanda.

En paralelo, la futura Ley de Buen Gobierno irá directamente contra el político o gestor que despilfarre dinero público o que gaste más de lo que está oficialmente previsto. Para estos casos se trabaja con la hipótesis de establecer sanciones administrativas que pasarían, por supuesto, por la inhabilitación de aquel que ejecuta su cargo público con engaños a los ciudadanos –sostienen– «y ofreciendo unos servicios para los que no hay recursos». En principio, esta ley orgánica, en la que trabaja Vicepresidencia, no incluirá por norma la posibilidad de la sanción penal, supuesto que tampoco recogía el programa electoral del PP. Aunque esa sanción penal sí podría hacerse efectiva a través de esta iniciativa legislativa simplemente incorporando en una disposición adicional un artículo con carácter orgánico que modifique el Código Penal.

Entre bambalinas, el Gobierno pisa con pies de plomo y mide cada gesto, decidido a tomar nuevas medidas en este terreno, pero manejando la lógica política y los recelos que la amenaza de las sanciones a los malos gestores genera en el ámbito territorial, especialmente en el municipal. «Los Ayuntamientos creen que están en este mundo para hacer el bien pasando por alto los Presupuestos y las cuentas públicas, y piensan que sólo faltaba que alguien fuera a exigirles responsabilidades. Pero si no tienen dinero no pueden ofrecer un nuevo servicio, salvo que suban los impuestos», explican desde el equipo económico del Gobierno. Montoro rompió ayer el paso al anticipar en su entrevista en la Cadena Ser que prevén exigir responsabilidades penales a los gestores públicos, políticos o no, que incumplan los presupuestos y eleven el gasto muy por encima de sus recursos. Tal hipótesis sólo se baraja, precisan fuentes oficiales, para casos «muy extremos».

 Este viernes, el Consejo de Ministros estudiará de nuevo informes sobre la ley para el control del déficit público y sobre la reforma laboral.
 

Islandia abrió la veda
Si un país está a la vanguardia de llevar a un político a los tribunales por su gestión es Islandia, donde el ex primer ministro Geir Haarde se enfrenta a una pena de dos años de cárcel por no haber hecho nada para evitar el «crack» financiero de la isla en el otoño de 2008. El malestar de la población hacia los políticos obligó al Parlamento a votar en octubre de 2010 a favor del procesamiento de Haarde, pero exoneró a otros tres ministros de la época, lo que aumentó aún más el descontento social. Desde el 7 de junio, un tribunal especial juzga en Reikiavik al ex primer ministro, que se declara inocente y considera el proceso una «farsa».