La Junta ahoga el plan integral de Tres Barrios con recortes en ayudas sociales

SEVILLA- En 2009, el Pleno del Ayuntamiento se comprometió a impulsar una serie de medidas sociales, educativas, sanitarias y urbanísticas en varios barrios tradicionalmente degradados: Los Pajaritos, La Candelaria y Madre de Dios. El denominado plan integral de Tres Barrios nació con mucho respaldo municipal y muy buenas intenciones por parte de la Junta de Andalucía. Sin embargo, la crisis económica y la escasa sintonía del Ejecutivo andaluz con el actual Gobierno local del PP han terminado por lastrar los pocos compromisos que estaba desarrollando la Administración autonómica en una zona que clama soluciones urgentes.

De hecho, la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social ha recortado este año sustancialmente varias partidas destinadas a las asociaciones y ONG de estos barrios que trabajan, fundamentalmente, con personas drogodependientes y jóvenes, en busca de su reinserción social y laboral. Además, según el portavoz de la plataforma Tres Barrios-Amate, Fernando de Armas, la Junta ha reducido el personal de la Unidad de Trabajo Social, ahora literalmente desbordada ante la grave problemática de la zona.

El plan fija la lucha contra el desempleo como el principal foco de atención. La tasa de paro supera el 50 por ciento y «cada vez más familias no tienen ningún recurso económico para seguir adelante», denuncia De Armas. Además, se dan situaciones extremas porque «los problemas llegan a las redes familiares más amplias, como los abuelos», con pensiones muy exiguas e incapacitados para atender a hijos y nietos. La vivienda es otro flanco que está sufriendo el parón. Varios núcleos residenciales son de propiedad municipal y otros dependen de la Junta, aunque sin la inyección económica de esta administración pocas actuaciones se pueden llevar a cabo. Mientras, los vecinos son los que sufren diariamente el estado ruinoso de sus viviendas, con «humedades en paredes y zonas comunes, filtraciones, desprendimientos y roturas de redes de abastecimiento».

Igualmente, el portavoz vecinal critica la existencia de varios puntos de venta de droga y un repunte de la delincuencia y del vandalismo, aunque «la tasa de delitos es muy similar a la de otros barrios más o menos conflictivos, tal y como nos dice la Policía», sostiene.

De Armas destaca la «comunicación fluida» que mantiene la plataforma con el Ayuntamiento, tanto a nivel de delegaciones como del distrito, pero también reconoce que el Consistorio «no puede llevar a cabo todas estas actuaciones en solitario». De momento, los responsables municipales han prometido varias partidas para actividades y proyectos a nivel de asociaciones, aunque todo depende de la concreción definitiva en el Presupuesto. Sobre la actitud de la Junta, el portavoz vecinal destaca su «pasividad», puesto que «últimamente no nos atienden si no nos plantamos a las puertas de un edificio oficial». Tal fue el caso del pasado 18 de noviembre, cuando medio centenar de vecinos protestó frente a la Consejería de Gobernación y Justicia. Entonces, fueron recibidos por un responsable del ramo, que les comunicó que estudiarían sus peticiones. «Parece que estamos mucho peor que hace un año», lamenta.

Ante este panorama, la plataforma anuncia que retomará las movilizaciones tras la Navidad. Se estudia un calendario continuado de protestas, «al menos una cada mes», para que sus reclamaciones no caigan en el olvido y los vecinos «tengan las mismas oportunidades que el resto de sevillanos».
 

Primeros pasos para rehabilitar 512 viviendas de Los Pajaritos
El alcalde, Juan Ignacio Zoido, ya ha movido ficha, al menos en la parcela que es competencia del Ayuntamiento. El mercado de Los Pajaritos cuenta con una oficina, dependiente de Emvisesa y de la Gerencia de Urbanismo, encargada de censar a los inquilinos de las 512 viviendas que son de propiedad municipal. Se trata de un compromiso electoral de Zoido que comienza a tomar forma. El objetivo es derribar estos edificios, dado el estadio ruinoso que presentan, para construir otros nuevos y mejor acondicionados. Mientras, los vecinos se reubicarán en un edificio-puente, cuyo proyecto será presentado en enero. El Consistorio también es consciente del mal estado que presentan las 800 viviendas de Santa Teresa, popularmente conocidas como las «casas bajas». En este caso, unas son de propiedad municipal y otras de la Junta, por lo que el regidor aseguró que se tendrán que buscar «soluciones conjuntas» para financiar su rehabilitación. Durante la apertura de la oficina el pasado 24 de noviembre, Zoido recordó que que está pendiente de modificarse en el Parlamento andaluz la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que permitirá «más edificabilidad y un mayor volumen de metros» en las nuevas viviendas que se construirán.