Desahucio

Fuenlabrada creará una oficina municipal de asistencia a desahuciados

 El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha aprobado hoy la creación de una oficina municipal de asistencia a personas desahuciadas de su vivienda o en riesgo de serlo que proporcionará asesoramiento y ayuda a los afectados.

 El Consistorio organizará una comisión transversal formada por varias Concejalías que se encargará de realizar un informe sobre la situación de estas familias.

Esta es una de las medidas que ha aprobado hoy el Ayuntamiento de Fuenlabrada para paliar el drama social de los afectados por embargos de viviendas, algunas que pueden llevar a cabo los Ayuntamientos por sí mismos y otras que recaen en el Gobierno central, por lo que le piden cambios legislativos.

Es el caso de la propuesta municipal en la que insta al Gobierno para que tome como referente el informe elaborado por una comisión de magistrados para el Consejo del Poder Judicial, donde se denuncian las "ambigüedades"y los "abusos"que ampara el actual marco legal sobre el cobro de créditos hipotecarios.

El Consistorio ha propuesto una serie de cambios legales que sólo puede hacer el Gobierno y que estarían dirigidos a proteger a los ciudadanos contra las malas praxis bancarias.

La moción propuesta por PSOE e IU y aprobada por unanimidad de todos los grupos se hace eco de las iniciativas que el alcalde Manuel Robles ha llevado a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Entre ellas, que se hagan los cambios legislativos necesarios para que los Ayuntamientos puedan hacer bonificaciones del IBI a estas familias y que las plusvalías de las casas embargadas corran a cargo del banco y no del antiguo dueño.

Además de la creación de la oficina de asistencia al desahuciado, el Ayuntamiento también implantará un sistema que facilitará a estas familias el pago de sus impuestos.

Será un Plan Personalizado de Tributos destinado a los afectados por desahucios y a los que, previo informe de los Servicios Sociales, se encuentren en riesgo de exclusión social.

Todas estas propuestas serán remitidas al Gobierno central, al Gobierno de la Comunidad de Madrid, a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, del Senado y de la Cámara Regional, así como a la FEMP.