Hacia un paro activo por Iñigo Sagardoy

De las noticias que están apareciendo recientemente en los medios sobre los posibles ajustes presupuestarios resalta, por su importancia y sensibilidad social, la posible reforma de las prestaciones de desempleo. Con cinco millones de desempleados y muchos miles de personas que prácticamente se han resignado a no encontrar trabajo, cualquier actuación gubernativa o incluso apuntar propuestas de cambios deben ser muy reflexionadas y explicadas con muchísima prudencia y detalle. Los meros rumores no ayudan a esta propuesta y, por el contrario, generan una gran inquietud en toda la sociedad española, que puede ser contraproducente para un debate que necesariamente, tiene que ser sosegado. El trabajador al que se le priva un derecho básico al trabajo en una sociedad moderna, a un trabajo digno, debe ser en todo caso el epicentro de cualquier deliberación sobre este tema.

En España, el régimen jurídico del desempleo tiene tres características principales: está basado en el principio de la contribución –se cotiza por empresas y trabajadores para obtener unas determinadas prestaciones económicas cuando se produzca la pérdida del trabajo; es de carácter público –no combina pagos de naturaleza privada y/o pública, como se produce en algunos países europeos, y además es gestionado directa y exclusivamente por el Estado–; y, es un modelo fundamentalmente economicista: se basa en abonos monetarios con una duración determinada. Es, como se puede comprobar, un modelo paradigmático de nuestra sociedad del bienestar, con alta protección del trabajador por las garantías que ofrece, como no podía ser de otra manera por el hecho causante del mismo, ajeno a la voluntad del que lo sufre. Cualquier cambio en estos tres pilares supondría una alteración de un modelo que lleva funcionando, con sus virtudes y sus defectos, más de treinta años en nuestro país. Ello no quiere decir que deba ser eterno e inmutable. Puede ser revisado para su mejora, pero insisto en que el enfoque debe ser cauto y sobre todo teniendo presente que el fin último debe ser la lucha contra el paro y no un análisis meramente económico o de costes. Los retoques deberían fundamentarse más en la consecución de una mayor activación en el empleo, que a la postre redundará en una reducción de gastos, que una simple resta o merma aritmética. Paro activo frente a paro pasivo.

De ahí que sea recurrente poner como ejemplo virtuoso de la gestión de desempleo el sistema danés. Se trata de un régimen muy centrado en las políticas activas de empleo, donde el desempleado debe cumplir escrupulosamente una variedad de condiciones semanales – formación, entrevistas, elaboración de carreras profesionales – para percibir la prestación; ésta se va reduciendo conforme va pasando el tiempo, con lo que trata de incentivar el desempleo de corta duración; y la gestión tiene una colaboración privada con empresas, que al modo de fondos privados, reciben las contribuciones y realizan los pagos, con lo que la responsabilidad del perceptor y el control que aquéllas ejercen es relativamente alto. Por el contrario, se argumenta que se trata de un modelo caro y que es manejable con bajas tasas de desempleo dado el número de actuaciones a realizar con cada desempleado. Pero, a mi juicio, algunos de los elementos que han hecho honor a su éxito podrían ser tenidos en cuenta para su «importación» española.

En definitiva, estamos en un momento muy delicado y conviene sopesar cualquier iniciativa constructiva de mejora. No hay más remedio, y quizás habrán de adoptarse decisiones difíciles, muy difíciles, pero esos cambios deben también aprovecharse, incluir adaptaciones más sustanciales para corregir nuestra mayor lacra social.