Infraestructuras

La Junta se escuda en Zoido para justificar el bloqueo del metro

La Junta de Andalucía sólo se da por aludida cuando le interesa. Ésa es la conclusión que se puede extraer, al menos en lo que respecta a Sevilla y la construcción del metro.

Todos los grupos políticos coinciden en señalar al metro como una prioridad de la ciudad, junto a la SE-40
Todos los grupos políticos coinciden en señalar al metro como una prioridad de la ciudad, junto a la SE-40larazon

Sevilla- La consejera de Obras Pública y Vivienda, Josefina Cruz, admite saber por la prensa que Juan Ignacio Zoido pretende que las líneas 2, 3 y 4 arranquen a la vez, pero no que su Ayuntamiento, como ya ha afirmado en público, está dispuesto a asumir el compromiso de financiación exigido al anterior gobierno municipal, fijado en un 17%.

La administración autonómica pretende traspasar la responsabilidad de la paralización del proyecto del subterráneo al PP, pese a que al Ejecutivo de Griñán le corresponde asumir el 50% de su realización y a que en los presupuestos de 2012 no se reflejan las inversiones que se asignan a cada provincia. «El inicio de las nuevas líneas depende de la voluntad de las tres administraciones, no sólo es competencia de la Junta de Andalucía», dijo la consejera, partidaria de alcanzar un pacto con Zoido. «Nosotros llevamos dos años elaborando los proyectos y el compromiso es tenerlos finalizados el 20 de diciembre. Entonces llamaré al alcalde de Sevilla, pues hasta ahora él no lo ha hecho, para explicarle nuestra forma de financiación y cuál va a ser su participación», agregó la consejera, obviando la carta, aún sin respuesta, que el primer edil sevillano remitió al presidente andaluz hace ya meses en la que repasaba las reivindicaciones de la ciudad, metro incluido.

De ello se desprende que la «disponibilidad» de la Junta –palabra utilizada por la consejera– no es comparable a la ofrecida con motivo de la creación de la línea 1. En ésta, durante el mandato de Monteseirín, se hizo cargo del 50% de la financiación, correspondiendo un 33% al Gobierno central y el 17% restante a Sevilla.

Cruz también criticó que Zoido quiera que se acometan las tres líneas a la vez, algo que no ve «razonable» ni en «términos financieros ni urbanos», porque «no se puede tener una ciudad con tantas obras simultáneamente». Y recordó que el presupuesto alcanza los 3.225 millones, una cifra global de la infraestructura a realizar en bastantes años.

El guión de la Junta está definido. «Cuando estas dudas estén despejadas, tendremos que ir de la mano a Madrid para conocer la disponibilidad del Ministerio de Hacienda», presumiblemente con Rajoy en el poder. «Sevilla tiene una ley especial de financiación del metro distinta a otras ciudades», agregó Cruz, insistiendo en la necesidad de un pacto previo con Zoido: «Falta un acuerdo político para iniciar las obras». La renegociación de las condiciones de financiación se pondrá sobre la mesa.

Distinta vara con Monteseirín
El encuentro, en cualquier caso, no resultará sencillo. Sobre todo cuando la Junta reprocha ahora lo que no se atrevía a hacer con Monteseirín. «Hay tantas incógnitas abiertas por el Ayuntamiento de Sevilla, que sólo pide pero no paga nada. Ni siquiera los gastos de explotación que le corresponden (25%). Me gustaría hablar con el alcalde, y mientras tanto, el Ayuntamiento debería mostrar un compromiso que por ahora no he visto», finalizó.

La consejera incluso se posicionó respecto a una competencia exclusiva del Consistorio, la derogación del Plan Centro, y dijo que la medida «se está volviendo en contra al equipo de Gobierno por la petición de los ciudadanos» de la recuperación de un casco histórico más «andable (sic)».
 

Los trabajadores de la línea 1 se plantean movilizaciones
La plantilla de trabajadores del metro se plantea iniciar movilizaciones para demandar a la empresa que contrate más personal. Los representantes sindicales ven necesario aumentar el número de conductores y dotar de más personal al Puesto Central, pues cuando se producen bajas, el resto se ve obligado a realizar horas extraordinarias, que en algunos casos suponen jornadas de trabajo de más de doce horas. Incluso denuncian las presiones recibidas con la amenaza de sanciones a quienes no cubran las bajas pese a haber completado su jornada.