Los ERE se tramitaron de forma «inaudita incompleta e impropia»

SEVILLA- Anotaciones en un post-it, folios manuscritos, ayudas comprometidas que luego no se reconocían –como el segundo ERE de Mercasevilla–, subvenciones a empresas o ayuntamientos socialistas sin respaldo administrativo o pagos ordenados al ente instrumental IFA-Agencia IDEA amparados en un convenio improrrogable y que expiró en diciembre de 2003. Hasta ahora, eran denuncias públicas de partes personadas en la causa cuya valoración coincide con la de la juez Mercedes Alaya.

En un auto fechado el pasado 17 de mayo y al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la instructora señala que la documentación relativa a los ERE y ayudas sociolaborales de 67 empresas remitidos por la Junta es «cuanto menos inaudita, pues la misma además de incompleta, carece del menor orden lógico o cronológico, siendo tales ‘expedientes' un cúmulo de folios desordenados, inconexos y repetidos». Alaya asegura que resultan «realmente impropios de cualquier órgano de la Administración, donde existe un ‘iter' en la tramitación de cualquier asunto». Y razona su crítica, ya que se trata de resoluciones «donde se otorgaban ayudas de cifras millonarias».

Ante esta situación, la juez requiere «nuevamente a la Consejería de Empleo para que un plazo de cinco días remita copia compulsada de los expedientes auténticos debidamente ordenados y tramitados, o en otro caso manifieste al juzgado detalladamente las razones por las que las citadas actuaciones presentan el estado descrito».

Fuentes de la investigación aseguran que en un mismo expediente se repite en varias ocasiones el mismo convenio, se adjuntan folios manuscritos de cálculos de cantidades sin especificar a qué corresponden, no existen documentos que acrediten la petición de las ayudas sociolaborales o las órdenes de pago a la Agencia IDEA son contradictorias.

El pasado jueves, en el Pleno del Parlamento, el consejero de Empleo, Manuel Recio, aseguró que los expedientes se habían remitido «tal cual estaban» para evitar cualquier manipulación.

El auto también pide más datos sobre el ERE del que se benefició el ex consejero de Empleo Antonio Fernández. Ordena que se investigue los cargos que ocupó en González Byass y las sucesivas excedencias de las que disfrutó desde 1981 –comenzó a trabajar en 1978 y se prejubiló en 2008–.

Pese a las dificultades encontradas, la instructora pide que se investigue a cinco falsos prejubilados del entorno de Juan Lanzas en la empresa Dhul –Miguel Castro Luque, Ana María Moreno Munuera, Fernando García Vilches, Carmelo Cruz Porcel y Ángeles Sierra García– así como un segundo ERE denegado y del que luego aparece un listado de 98 trabajadores afectados.

También pide información sobre tres «intrusos» en Matadero Fuente Obejuna –Mariano Martínez Fernández, Adoración Navarro Fernández y Juana Pilar Viedma Ocaña–.

OTRO VARAPALO.
La instructora apunta a que ninguna Administración puede trabajar de esa forma y dar así ayudas millonarias