La FAPE rechaza cualquier intento de control político de las televisiones

Como se sabe, PSOE y PP alcanzaron la pasada semana un acuerdo para que las televisiones privadas «se adaptasen a los principios de neutralidad y proporcionalidad si deciden cubrir información electoral», como están obligadas a hacer las públicas. El contenido del pacto se incorporará al dictamen de la subcomisión para la reforma electora y será parte del proyecto de ley que se presentará en el Congreso a partir de septiembre.La modificación de la cobertura informativa electoral de las televisiones privadas quedó en principio fuera de ese dictamen y, según se dijo, muchos entendieron que se trataba de «una intromisión» en las decisiones de empresas privadas. No obstante, ahora se ha acordado lo que creen un «principio de intervención mínima».Tras un primer comunicado de la Asociación de la Prensa de Madrid, en el que su junta directiva pedía a los editores de las televisiones y a los periodistas de las redacciones «el rechazo más firme a tal decisión», y reclamaba la Congreso que diera marcha atrás, fue ayer la Federación de Asociaciones de la Prensa (FAPE) quien recordaba que el acuerdo por el que «los bloques electorales incluidos en los informativos de las televisiones privadas aplicarían la misma proporcionalidad en función de los resultados de anteriores comicios, constituye un claro atentado contra la libertad editorial y de programación de las empresas». Así, para la FAPE, la intención de los partidos es un claro intento de convertir la información libre en un altavoz de mensajes políticos, cronometrados y de dudoso interés para las audiencias. Y lo interpreta como «un claro empeño de anular la profesión periodística, que ya está lo suficientemente vapuleada en la cobertura electoral con ruedas de prensa sin preguntas, la distribución de productos «enlatados» y «la obligación de conectar con la señal oficial del partido político de turno en muchos de los actos electorales».La protesta de UTECAUTECA ya protestó por la agresión que para el Derecho a la Información suponía la proyectada reforma de la legislación electoral. Sobre todo, porque resultaba sorprendente que se quiera introducir ahora una «insólita obligación». Desde UTECA se consideraba la medida como «un atentado contra la libertad de información y el derecho de las empresas» pues «ninguna instancia oficial debe imponerles programación política alguna». Asimismo, confiaba que, en septiembre, en la tramitación parlamentaria, se renunciase a imponer la medida electoral.