La Audiencia acuerda medidas cautelares para un exdirectivo de NGB

Según fuentes jurídicas, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 ha aceptado parcialmente las medidas cautelares que había solicitado la Fiscalía Anticorrupción, que también había pedido que se le retirara el pasaporte por riesgo de fuga, lo que no ha apreciado el juez.

Gorriarán, que se convierte en el primero de los cinco responsables imputados por administración desleal y apropiación indebida que se ve sometido a estos controles, aseguró hoy que el ex director general de la entidad, José Luis Pego, fue quien le propuso mejorar su contrato y elevar el importe que cobraría como pensión en concepto de "gratificación por los servicios prestados".

Durante su declaración, el exresponsable del negocio inmobiliario de Caixanova ha defendido que el contrato que firmó en octubre de 2010 era legal y que el Banco de España tenía conocimiento de su contenido.

Gorriarán, al que la Fiscalía Anticorrupción exige que devuelva al menos 913.602,40 euros percibidos supuestamente de forma indebida en virtud de ese contrato, insistió en que Pego realizó las notificaciones oportunas sobre sus remuneraciones al regulador bancario.

El exdirectivo también rechazó su responsabilidad en la nacionalización de Novagalicia Banco (NGB), la entidad resultante de la fusión de Caixanova y Caixa Galicia, que en su opinión se debió a la exigente legislación aprobada para elevar la solvencia de la banca española.

Según la querella de la Fiscalía Anticorrupción, José Luis Pego, Óscar Rodríguez Estrada, Gregorio Gorriarán y Jesús García de Paredes cobraron en total 18,9 millones de euros por su salida del grupo, de los que deberían devolver 7,87 millones de euros percibidos presuntamente de forma indebida y gracias, en teoría, a la colaboración del expresidente de NGB Julio Fernández Gayoso.

Anticorrupción afirma que los contratos suscritos por los altos directivos de NGB, que mejoraban sustancialmente las pensiones a las que tenían derecho, no fueron autorizados por el consejo de administración de la entidad.

El Ministerio Público recuerda que Julio Fernández Gayoso se limitó a informar en diciembre de 2010, durante el primer consejo de administración de la entidad resultante de la fusión, de la suscripción de los nuevos contratos sin especificar las cantidades percibidas.

Además, Anticorrupción afea a Fernández Gayoso que en septiembre de 2011 aprobara y liquidara los importes correspondientes a las prejubilaciones de los directivos sin comunicarlo al Banco de España.

Dichas liquidaciones "prescindieron de la necesaria y mínima valoración sobre la dificilísima situación patrimonial de la entidad bancaria", que tuvo que ser nacionalizada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), lamenta el Ministerio Público.