La Justicia que viene

Vivimos un momento de cambio en muchos órdenes, una realidad que nos sitúa frente a nuevos contextos sociales, políticos y jurídicos. Estos últimos suelen derivar de los anteriores, aunque a veces son decisivos para consolidar estructuras que parecen alejadas del entramado orgánico de la Ley o de los Tribunales. Podemos decir que hay una Justicia que viene, que se nos acerca condicionada por esta situación emergente, una Justicia que nos invita a afrontar los nuevos retos desde el mayor consenso, porque en el ámbito de la Ley y del Derecho la más amplia concurrencia de criterios es la mejor garantía de seguridad y eficacia.
La Justicia que viene llevará recorrido ya un camino de más de tres décadas desde la aprobación de la Constitución, que la considera un valor superior del ordenamiento jurídico, un camino a través del cual ese valor ha asumido el papel de piedra angular de la vida institucional. Desde todos los sectores se demanda justicia y se espera justicia, se imparte y comparte justicia, en la convicción de que sin ella no puede alcanzarse la paz, no puede haber orden político ni libertades, no puede haber sanción proporcionada para un responsable ni reparación plena para una víctima.

La Justicia que viene deberá consolidar la independencia de los jueces y magistrados aunque a veces puedan cometer errores, riesgo que hemos de asumir, porque el error judicial es el oneroso tributo que en ocasiones hay que pagar para tener una justicia independiente. La independencia del magistrado requiere una forma de selección que asegure la preparación técnica y la integridad moral, pero asimismo depende de un sistema de promoción sólo orientado por criterios de mérito y capacidad, eliminando toda preferencia basada en un supuesto equilibrio ideológico o en la sintonía con quienes deben decidir.

La Justicia que viene deberá contribuir al mayor prestigio de los Tribunales y de sus resoluciones, las cuales han ser cumplidas cuando son firmes y ejecutivas, porque forman parte del Derecho y hacen posible la vigencia de la Ley. No se puede escamotear su acatamiento sin poner en riesgo el principio de legalidad y la base misma de la convivencia política. El discurso social ha de recuperar la consideración hacia los magistrados, sin perjuicio de la crítica de sus pronunciamientos, que pueden ser inadecuados pero que se han de suponer dictados en principio desde la ética y la vocación generosa.

La Justicia que viene deberá tener presente que el Fiscal es el magistrado constitucional al que la Carta Magna encomienda velar por la legalidad, por lo que su imparcialidad debe ser especialmente asegurada para que pueda cumplir su misión sin ser considerado como un portavoz del Gobierno legítimo, aunque ésta sea sin duda una función muy honrosa. El Fiscal debe más bien ser visto como genuino defensor de la sociedad, cuyo solo interés debe orientar su gestión y prioridades.

La Justicia que viene deberá acercar la legislación procesal a nuestro contexto internacional, potenciando al Tribunal Supremo como máximo intérprete de la doctrina en todos los ámbitos y niveles, para que los ciudadanos sepan cómo serán aplicadas las leyes incluso en los casos cotidianos, aquellos que afectan a la mujer maltratada, al extranjero sin permiso, al menor infractor, al funcionario postergado, al conductor irresponsable o al policía agredido. Se puede evitar así que interpretaciones estridentes causen perplejidad a los ciudadanos, distanciando a los Tribunales del sentido de justicia de la sociedad. Se debe asimismo potenciar la actuación del Fiscal como director de la investigación penal, como ya ocurre con éxito en el procedimiento de menores, para evitar que nuestro sistema se constituya en la injustificada excepción que nos señale entre los países democráticos, sin perjuicio de la posición de garante que con acierto encomienda la Constitución a los jueces penales.

La Justicia que viene deberá conseguir que los pleitos se resuelvan en tiempo razonable, porque la dilación equivale casi siempre a la negación del derecho. Debe recordar además que la mera reforma de las leyes no asegura por sí sola un mayor acierto, si no viene acompañada de un esfuerzo en la dotación material, para que así el Tribunal no dependa de una oficina anticuada, sino que cuente con adecuados medios técnicos que permitan la resolución de los asuntos sin precipitación indeseable ni demoras injustificadas. La Justicia que viene deberá ser el gran referente de estabilidad en el funcionamiento de las instituciones, sin verse por ello convertida en el modo natural de la resolución de los conflictos, los cuales pueden ser superados a través de otros caminos de la sociedad civil. No obstante, la Justicia debe seguir siendo el legítimo garante de la dignidad de la persona, de la vida humana y de todos los derechos de los ciudadanos, contribuyendo con discreción y sin protagonismos a una solidaria convivencia y a la paz social.