La Ley de Aguas camino del Constitucional

Sevilla- Al Tribunal Constitucional no le falta trabajo. En unas semanas recibirá el recurso a la Ley de Aguas de Andalucía promovido por el PP y que han suscrito por acuerdo plenario 119 de los 771 ayuntamientos andaluces. Sólo está a falta del dictamen del Consejo Consultivo. La mayoría pertenece al Partido Popular, aunque también hay alguno socialista. Los de Posadas (Córdoba) y Almargen (Málaga). Ahora lo que habrá que ver es si estos consistorios del PSOE que se han unido a las protestas por la subida de impuestos que supone la nueva normativa siguen adelante o desisten antes de que la iniciativa llegue al Alto Tribunal. De ir hacia adelante, sería una afilada china en el zapato de Griñán.
El recurso se apoya fundamentalmente, según expuso ayer el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, en la vulneración del principio de autonomía local, recogido en la Constitución y desarrollado en la Ley de Bases de Régimen Local y en la reciente Ley regional de Autonomía Local, toda vez que –argumenta el PP– los ayuntamientos están obligados a «aplicar un canon para financiar obras de depuración de competencia autonómica», sin que los consistorios «tengan ningún margen de decisión sobre el mismo» y sin tener una dotación presupuestaria adicional para la gestión.
El secretario general del PP-A también censuró la existencia de otro canon destinado a financiar los gastos de la nueva Agencia Andaluza del Agua, cuando este organismo –criticó– ha dejado de invertir 800 millones de euros desde su creación en 2005 hasta 2009. Pero donde el PP centra todas sus críticas es en el afán «recaudatorio» de la normativa. En este sentido, el aumento del precio del agua puede oscilar «entre un 40 por ciento y un 200 por cien, dependiendo de la familia –ahora cuenta el número de miembros censados en una vivienda– y de la actividad». A través de los distintos cánones, la Junta prevé incrementar su recaudación directa un 141 por ciento respecto a 2010, hasta los 90 millones de euros, y pasar de 186.000 euros a 15 millones por sanciones, aduce el PP.