Médicos para «expiar» a la Policía

El Ayuntamiento pagará a una compañía especializada en salud para que investigue las ausencias laborales de los agentes, con «control y seguimiento personalizado de las bajas de larga duración». Un servicio, para el que se exige personal sanitario, que contrasta con el reconocimiento por parte de fuentes de la Delegación de Convivencia y Seguridad de que «no hay en gran medida» absentismo en el Cuerpo.

Bajo el epígrafe «contratación de un servicio de asistencia médica para la reducción del absentismo en la Policía Local», la empresa Gestión de la Formación y la Salud SL «espiará» a los mismos policías a los que se negó un acuerdo para subsanar los impagos por horas extras realizadas en 2009 porque «no hay dinero ni para papel higiénico», en palabras del delegado de Convivencia y Seguridad, Alfonso Mir. El portavoz del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPMME) en Sevilla, Manuel Bustelo, manifestó su total desconocimiento de las intenciones del Gobierno local. «Es la primera noticia que tengo», señaló a LA RAZÓN de Sevilla, y mostró su indignación porque «las bajas de larga duración quien las tiene que controlar es la Seguridad Social». En este sentido, rechazó que cualquier trabajador vaya a facilitar información sobre su situación laboral. «No sé qué van a hacer con esa empresa, pero ningún agente tiene que proporcionar documentos a nadie que no sea la Seguridad Social», advirtió Bustelo.

La puesta en marcha del programa no se realizará al menos hasta el 9 de noviembre, contabilizando quince días naturales desde su adjudicación provisional, el pasado día 25. Se prolongará durante cuatro meses y contempla el gasto de 54.995 euros en recursos humanos adscritos a la ejecución del proyecto y otros 5.000 para emplear en material informático. Entre los objetivos que persigue el Gobierno local destacan la «medición y análisis del absentismo», la «propuesta y aplicación de medidas para la mejora de las tasas» de ausencia injustificada al trabajo y «cualquier otra actuación complementaria que redunde en la mejora de las prestaciones».

Sólo una empresa de las tres invitadas por el Ayuntamiento presentó correctamente su oferta, por lo que se hizo con el concurso, convocado a través de un procedimiento urgente en el que el único criterio valorativo fue el precio más bajo. En el pliego de condiciones se especifica que el presupuesto «se fija teniendo en cuenta el número de trabajadores en activo del colectivo a asistir a la fecha de la licitación (1.107 empleados), conforme al artículo 76 L.C.S.P.».

Las otras dos sociedades, Clínica Esperanza de Triana SA y Gabinete de Medicina Preventiva y Salud Laboral fueron «excluidas por no presentar la documentación requerida en tiempo y forma», según reza el documento municipal.


¿Represalia por el conflicto de las horas extra?
Las dudas sobre el cobro de la productividad de 2009 y 2010 mantienen el desencuentro entre Ayuntamiento y Policía municipal, un conflicto abierto desde hace meses. El penúltimo capítulo se escribía el pasado día 14, cuando el delegado de Convivencia y Seguridad, Alfonso Mir,
se negó a firmar el preacuerdo alcanzado por los responsables de su área con los policías locales. Tres semanas antes, el 25 de septiembre, el Ayuntamiento había presentado una denuncia por las prácticas «supuestamente delictivas» de algunos agentes contra compañeros que realizan horas extra. Una denuncia que se produjo poco después de que la portavoz municipal, Nieves Hernández, acusara a un «un grupúsculo» de agentes «radicales» del conflicto. Los dispositivos de la contrarreloj de la Vuelta Ciclista a España y la beatificación de Madre María Purísima se vieron afectados por la negativa a realizar horas extra, que ha reducido también la vigilancia, fundamentalmente en horario nocturno. Los actos se han centrado en el alcalde, al que el pasado Corpus Christi los agentes realizaron un «marcaje» y hasta se han caracterizado como él en la Plaza Nueva para criticar su falta de compromiso.