IU y PSOE se unen en contra del PP para sacar a los alcaldes de la Cámara

 El Partido Socialista e Izquierda Unida tienen ya fija la mirada en las próximas elecciones, para las que quedan ocho meses escasos si no hay adelanto electoral y ya han comenzado la unidad de acción. Pueden pasar dos cosas atendiendo a todas las encuestas publicadas en los dos últimos años y al resultado de los comicios municipales, en los que el PP se convirtió por primera vez en el partido más votado de Andalucía con una distancia de más de 290.000 votos respecto al Partido Socialista: que Javier Arenas gobierne por mayoría absoluta o que un resbalón le dé el mando a un gobierno de coalición entre socialistas e IU. La extrapolación a Andalucía de la fórmula extremeña PP-IU es practicamente imposible.

En este contexto hay que entender la medida que aprobaron ayer PSOE e IU en el seno del grupo de trabajo sobre transparencia y calidad democrática de Andalucía, impulsando una modificación normativa que establezca la incompatibilidad entre el cargo de diputado autonómico y el de alcalde o presidente de Diputación.

La propuesta tiene el objetivo claro de minar al PP, que ha puesto en primera fila –y también en la Cámara– a su cantera de alcaldes, a la que Arenas ha definido en numeras ocasiones como el mejor escaparate del partido. Entre los 47 diputados de esta bancada se encuentran los alcaldes de las capitales de provincia de Sevilla, Juan Ignacio Zoido; Huelva, Pedro Rodríguez; Jaén, José Enrique Fernández de Moya; o Córdoba, José Antonio Nieto; además de otros municipios como Fuengirola, Esperanza Oña; Motril, Carlos Rojas; o Adra, Carmen Crespo.

La segunda consecuencia de esta iniciativa puede incendiar internamente Izquierda Unida, ya que afectaría directamente al parlamentario Juan Manuel Sánchez Gordillo y líder del CUT-BAI, que es alcalde del municipio sevillano de Marinaleda. A primera hora de la tarde ya tenía lleno el buzón de voz del móvil. Hay que señalar dos cosas: primero, el recelo de Griñán hacia Sánchez Gordillo.

El presidente andaluz ha dicho que no se ve compartiendo Consejo de Gobierno con este dirigente y recientemente sentenció que la Junta no va a ocupar fincas, en relación a algunas de las sonadas acciones que ha protagonizado el líder jornalero. La segunda es el pulso larvado entre Valderas y Gordillo. En las últimas elecciones el coordinador regional de IU tuvo que jugársela presentándose por Huelva –una circunscripción que no le garantizaba el escaño– debido a la presión que ejerció Gordillo para concurrir por Sevilla.

El grupo de trabajo sacó por unanimidad que diputados autonómicos y altos cargos hagan públicas sus declaraciones de IRPF. Se aprobaron todas las propuestas del PSOE, dos del PP y once de IU. La Comisión de Presidencia votará el martes el informe.

El Partido Popular presentó 54 iniciativas, de las que sólo respaldó dos el Partido Socialista: habilitar julio para la reunión de los órganos de la Cámara autonómica y otra que aboga por la retransmisión de los plenos parlamentarios en los medios públicos, con lo que se queda en la cuneta todo un amplio paquete que apunta al adelgazamiento de la administración, con medidas como la reducción del 50 por ciento de altos cargos y de delegados provinciales; a la transparencia en la política de contratación; o a la limitación de mandatos a ocho años y a la derogación del denominado «pensionazo», recogido en la Ley 2/2005.

El Grupo Popular, sin embargo, votó favorablemente a 15 de las 14 propuestas del Partido Socialista. IU, por su parte, presentó 34, de las que el PP votó a favor en 29, rechazó cuatro y en otra se abstuvo.

La formación que lidera Diego Valderas se mostró de acuerdo con 23 propuestas del PP, se abstuvo en 27 y rechazó cuatro. De éstas, dos alusivas a las cesantías para diputados y altos cargos; otra sobre la imposibilidad de que los cargos públicos puedan presidir las Juntas de los Parques Naturales o formar parte de los consejos de administración de las cajas de ahorros; y la última la reducción de las subvenciones destinadas a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales.

La portavoz del PP-A, Rosario Soto, acusó al PSOE-A de dar «un golpe de Estado al municipalismo», al «resultado de las elecciones del 22 de mayo». «Valderas ha entregado la cabeza de Sánchez Gordillo», apostilló.