El Pacto de Toledo quiere que las amas de casa puedan cobrar una pensión

La Comisión defiende que se estudie la posibilidad de «un incentivo fiscal» para generar pensión para cónyuges no presentes en el mercado de trabajo cuando el matrimonio tenga régimen de gananciales. Además, pide que se equiparen los salarios de hombres y mujeres y que el Gobierno impulse «mecanismos que incorporen los periodos de atención y cuidado de hijos o personal dependientes como elementos a considerar en las carreras de cotización».
Estas son las principales conclusiones del pacto.

Revalorización
El borrador reclama que la Seguridad Social asuma sólo los gastos de mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y que toda subida por encima del IPC sea sufragada con cargo a otros recursos financieros. Además, considera «conveniente» usar otros índices de revalorización basados en el crecimiento de los salarios, la evolución de la economía o las cotizaciones de la Seguridad Social.

Regímenes especiales
La comisión estima «necesario» adoptar las medidas para extender la cotización al sistema de la Seguridad Social por cualquiera de los trabajos realizados en todos los sectores de actividad económica.

Incentivos al empleo
Los incentivos a la contratación a través de bonificaciones y reducciones en las cotizaciones sociales «deben concentrarse en las situaciones y colectivos cuyo empleo se persigue favorecer de forma especial», según el pacto. Además, debe desarrollarse el compromiso de bonificar «las cotizaciones de los trabajadores ya contratados que tengan 55 años o más de edad, para incentivar el mantenimiento de su empleo».

Periodo de cálculo
La comisión defiende que las modificaciones del periodo de cálculo para la cuantificación de la pensión han sido adecuadas. Ahora, prosigue, y ante la falta de acuerdo sobre cuánto debe ampliarse este periodo, corresponden al Gobierno, «mediante el pertinente diálogo social y con criterios técnicos claros, realizar una propuesta al respecto».

Edad de jubilación
Ha sido la cuestión más polémica y se ha cerrado sin acuerdo. La comisión considera la prolongación de la vida laboral de los ciudadanos como «un objetivo necesario y deseable». Manifiesta, además, que la jubilación anticipada «se ha convertido en una fórmula de regulación del empleo», situación que ha de modificarse. No obstante, constata que «no se ha alcanzado acuerdo alguno en materia de edad legal de jubilación». El documento final se limita a aconsejar que se eleve la edad real de jubilación para ajustarla a la legal (65 años) e incentive la prolongación voluntaria de la vida laboral por encima de los 65 años.

Empleo juvenil
Dada la precaria situación del empleo juvenil en España, la comisión pide a las administraciones que «pongan en marcha políticas educativas y formativas de amplio espectro que favorezcan las posibilidades de los jóvenes para ser contratados».

Negocios familiares
En casos de ruptura familiar en los que la mujer aportara al mantenimiento de negocios familiares, el pacto propone que se reconozca en su carrera de cotización periodos de tiempo que permitan generar derechos propios y no únicamente derivados, mediante decisión judicial.

Pensión de orfandad
La comisión ve necesaria una «reordenación integral» de las prestaciones no contributivas para mejorar su cobertura y «colmar algunas lagunas», como sería la creación de una prestación no contributiva de orfandad, hoy inexistente con carácter general. También pide que se extienda hasta que el beneficiario cumpla los 25 años.


El Gobierno sube las pensiones mínimas el 2,3%
El Ejecutivo aprobará el próximo día 30, en su último Consejo de Ministros de 2010, la revalorización de las pensiones mínimas para 2011. De este modo, más de tres millones de perceptores de pensiones de este tipo, verán incrementada su pensión un 2,3% en 2011, lo que situará la pensión mínima de jubilación sin cónyuge a cargo y la de los viudos y viudas de más de 65 años o de menos de esa edad pero con alguna discapacidad, en 601,40 euros mensuales. Aprobará también la subida del salario mínimo interprofesional, con una propuesta del 1%, unos 640 euros al mes.