Valcárcel propone la creación de «cláusulas sociales» en los contratos con la Administración

Así lo anunció ayer el consejero de Política Social, Mujer e Inmigración, Joaquín Bascuñana, tras el encuentro mantenido por el jefe del Ejecutivo murciano y los representantes de ONG y asociaciones de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social de la Región de Murcia (EAPN).

El presidente de la Comunidad convocará a los alcaldes de los municipios con más población de la Región de Murcia para solicitarles su colaboración en la contratación de las personas más desfavorecidas, aquellas a las que más ha perjudicado la actual crisis económica.

Según explicó el consejero Joaquín Bascuñana, estas cláusulas sociales añadidas en los contratos realizados por la Administración, permitirían dar un empleo de manera prioritaria a personas que se han quedado sin trabajo a consecuencia de la crisis, en tareas tales como recogida de basuras, tal y como se está haciendo en municipios como el de Molina de Segura.

De la misma forma, el presidente de la EAPN, Jesús Salmerón, aseguró que el objetivo del encuentro, es «alcanzar algún tipo de interlocución antes de que se cierre el periodo de enmiendas de los Presupuestos para poder negociar, discutir, hacer propuestas y priorizar programas, con el fin de encontrar alternativas y establecer mecanismos para que algunas partidas puedan compensar a otras que puedan ser más deficitarias».

Bascuñana también manifestó que se vive un momento difícil económicamente y en los Presupuestos de 2011 habrá proyectos de estas ONG que no tendrán financiación, lo que según Salmerón, «será asumido, pero queremos negociar antes de que se cierren los presupuestos». Por este motivo, mantendrán una reunión antes de que finalice el año con el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional para negociar una modificación de los Presupuestos y minimizar el impacto de los recortes que recoge. Además, según explicó el presidente de la red, EAPN aún debe de analizar con más profundidad los Presupuestos, aunque estimó que los recortes se sitúan en torno a los tres millones de euros y provocarán la supresión de muchos de los programas que llevan a cabo las 24 entidades que integran la plataforma.

De la misma forma, Bascuñana afirmó que la deuda con las asociaciones de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región se irá pagando «en cuanto haya disponibilidad en tesorería». Asimismo, indicó que primero se pagará la deuda de 2009 y, posteriormente la de 2010. Hace unos días, el presidente de la EAPN, Jesús Salmerón manifestó que esta deuda supondría en su conjunto la cantidad de cuatro millones de euros. La EAPN está compuesta por Cáritas, Cruz Roja, Accem, Fundación Secretariado Gitano, MPDL, Fundación Cepaim, Murcia Acoge, Copedeco, Hermanas Oblatas, Asociación Nacional Proyecto Abraham, Asociación Rascasa, Proyecto Hombre y Asociación Columbares. Así como Asprosocu, ONG Solidarios para el Desarrollo, Colectivo Paréntesis, Fundación Sierra Minera, Asociación Cats, Fundación RAIS, Asociación Traperos de Emaús, Coordinadora de Barrios, Cefis, Colectivo La Huertecica y Colectivo El Candil.


El PP denuncia que ZP deja a personas en la cuneta
La diputada nacional por Murcia y portavoz de Política Social del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Lourdes Méndez, denunció ayer que los Presupuestos Generales del Estado para 2011 son «los más antisociales de la historia». Además, afirmó que son «insolidarios y desleales con la Comunidades Autónomas». Méndez explicó que todos los programas de carácter social se han reducida, lo que provoca que la Región de Murcia tendrá que hacer un «esfuerzo sobrehumano» para «atender a las personas que Zapatero ha dejado en la cuneta». «Se han realizado los recortes sociales más grandes de nuestra Democracia y además se han realizado en los más vulnerables, en las que tienen menos ingresos, pensionistas y personas con discapacidad», aseguró. Con respecto a Dependencia, «se ha reducido en un 11 por ciento, lo que es escandaloso». Méndez agregó que en la actualidad se atienden a 900.000 personas en toda España a las que hay que sumar 300.000 personas que a partir del próximo año han de recibir esta prestación. Ya este año el Gobierno de ZP no cumple con el 50 por ciento de financiación que marca la Ley y ahora, además, reduce los findos, con lo que dejará nuevamente a las comunidades autónomas con el coste de esta prestación.