Satisfacción por la prórroga para Santa María de Garoña

Valladolid/BURGOS- El empresariado castellano y leonés ve con buenos ojos la prórroga que tendrá la Central Nuclear de Santa María de Garoña, que podrá seguir funcionando hasta 2019.
El Consejo Regional de Cámaras de Comercio e Industria, valoró la decisión de revocar la orden aprobada por el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, por la que Nuclenor, la empresa gestora, podrá solicitar la renovación de la autorización de explotación de la nuclear.
«La planta burgalesa supone un impacto económico directo en concepto de servicios, compras, contrataciones, generación de empleo, tasas e impuestos asociados a su actividad, de 35 millones de euros al año», a lo agregaron que produce el 13,8 por ciento de la producción bruta de energía eléctrica que se crea en Castilla y León, y la electricidad equivalente al 30 por ciento del consumo regional.

«En España existe una elevada dependencia energética del exterior, cercana al 85 por ciento, frente al 50 por ciento de promedio de la Unión Europea, por lo que es necesario crear energía nuclear, así como mantener el funcionamiento de las centrales existentes, siempre que se cumplan las condiciones de seguridad estipulada», apuntaron.

El Consejo Regional insistió en la importancia de abrir el debate sobre la nuclear, porque «es una energía alternativa que contribuye a un impulso del desarrollo económico de la Región y a un mejor equilibrio del mix energético, por lo que el mantenimiento de la central es indispensable, así como la pervivencia de las cuencas mineras de León y Palencia como sector estratégico de Castilla y León».

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Desde la patronal Cecale, se insistió en que la clausura de la planta sólo habría acarreado «efectos muy negativos sobre la sociedad de Castilla y León en general, por cuanto implicaría un encarecimiento del suministro eléctrico».

Además, indicaron que esta decisión tendrá una repercusión positiva en la competitividad y en el empleo de la industria, al reducirse el riesgo de deslocalización para empresas de alto consumo de energía eléctrica. «Se trata de una postura acertada en un momento de crisis y precariedad económica», manifestaron.

Desde el PSOE fueron más reticentes. Así, su secretario autonómico, Julio Villarrubia, advirtió que su formación seguirá exigiendo el cumplimiento del plan de reindustrialización para el Valle de Tobalina, a la par que discrepó con la revocación de la norma.

El responsable de Economía en Castilla y León, Julio López, mientras, insistió en que la Junta deberá aplicar la tasa medioambiental a la Central. El delegado del Gobierno en Castilla y León, Ramiro Ruiz Medrano, por su parte, valoró el anuncio como «buena noticia para los burgaleses» .