Paraíso fiscal «B» por Ángela Vallvey

«Este recibo no es correcto, no aparece el CIF del negocio, ni el nombre ni nada, ¡por poco no aparece ni el importe de la compra…!», le reprocho inútilmente al cajero del bazar chino donde compro bolígrafos (muchos). El tipo mueve la cabeza con una gran seguridad en sí mismo y me responde con la pachorra de un lord inglés: «Ni número ni nada. Yo no número». Lo miro fijamente mientras pienso: «¡Vaya, aquí tenemos un chino que se hace el sueco!…».
Pero no es el único: en todos los sectores productivos (a duras penas productivos) que nos quedan, por doquier aumenta la tendencia a «distraer» facturas; lo hacen indígenas españolitos y españolazos, turistas, inmigrantes… Satárov, que fuera asesor de Yeltsin, mantenía que la corrupción ciudadana es algo inevitable porque responde a la «intromisión incorrecta del Estado en la economía», una suerte de daño, tan útil como el dolor que señala un fallo orgánico. No creía que para combatir esa corrupción bastase con aprobar una ley anti-corrupción, porque el espíritu de la lucha contra esa carcoma social debía impregnar «todas» las leyes. Lo cierto es que el ciudadano que defrauda, que le escamotea impuestos a la hacienda pública, que oculta las cuentas de su propia heredad al erario público, lo hace a sabiendas de que infringe la Ley, pero no siente ningún remordimiento pues considera que las leyes que vulnera con su acción defraudadora son injustas. En España –es fama–, chasquearle unos euros al Estado es una tentación profundamente arraigada que ha sumergido más del 20% de nuestro maltrecho PIB. Para reflotarlo, se ha aumentado la presión fiscal. Ergo, crece montaraz la afición por el dinero «B»: ¿qué mejor paraíso fiscal puede haber que, sencillamente, no pagar…?