Miles de empleados públicos plantan cara al Gobierno andaluz

SEVILLA- No fallaron las expectativas. Miles de funcionarios y empleados de la Administración andaluza –en torno a 50.000 según los manifestantes– se echaron ayer a la calle en Sevilla para protestar contra el decreto-ley 5/2010 de reordenación del sector público, que blinda laboralmente a más de 20.000 trabajadores de empresas mercantiles, ya que a partir del próximo uno de enero se integrarán en las macroagencias diseñadas por la Junta. La marcha transcurrió sin incidentes y en un tono festivo. Desde la Alameda de Hércules de la capital hispalense hasta el Parlamento. Las protestas contra el «enchufismo» del Gobierno andaluz fueron constantes. De hecho, numerosos trabajadores exhibieron enchufes que depositaron frente al antiguo Hospital de las Cinco Llagas.
La marcha fue la más numerosa de todas las que se han producido hasta el momento. La abanderaron plataformas independientes surgidas a raíz de la puesta en marcha del polémico decreto como «Agua Pública» o «Defiendo mi Derecho y la Gestión Pública», además de los sindicatos CSIF y Ustea. Los que no estuvieron fueron UGT y CC OO, que se desmarcaron hace unas semanas para firmar un acuerdo con la Consejería de Hacienda y Administración Pública. Los manifestantes no ahorraron en críticas contra estos dos sindicatos mayoritarios.
En este sentido, el portavoz de la «Plataforma de Opositores y Funcionarios de la Junta», Pedro Ruiz Trillo, calificó de «hito histórico» la manifestación masiva y destacó, en declaraciones a la Agencia Efe, que marcará «un antes y un después» en las relaciones laborales de la Administración autonómica «y en la dignidad del empleo público».
Por su parte, la presidenta del sector de función pública de la Junta del sindicato CSIF, Alicia Martos, celebró que la manifestación transcurriera con «normalidad». «Empleados de toda Andalucía han pedido de modo pacífico con una sola voz la derogación del decreto».
Para la sindicalista, «la lucha va a seguir, que no piense Griñán que nos quedaremos aquí», de modo que «seguiremos rechazando la reordenación de los puestos de trabajo con movilizaciones contra el decreto». Además, los empleados públicos van a realizar en una fecha aún no determinada «una gran cadena humana» rodeando el Palacio de San Telmo. «Todos de espaldas a la Administración, igual que la Junta se la da a los empleados». Desde la Junta, sin embargo, la consejera de Presidencia, Mar Moreno, relacionó las protestas con «personas que están interesadas en manifestar una hostilidad contra el Gobierno andaluz y que están en una posición política contraria». «Estamos absolutamente convencidos de que el decreto es positivo, lo avala también el acuerdo que hemos alcanzado con UGT y CC OO, que han modificado y mejorado el acuerdo». En la misma línea, el portavoz parlamentario socialista, Mario Jiménez, señaló que la movilización tiene «una intencionalidad política clara» por parte de algunos empleados públicos que «le bailan el agua» al PP.
Por otra parte, el Defensor del Pueblo estatal finalmente no ha considerado procedente formular un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de reordenación del sector público. El Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, tal y como adelantó LA RAZÓN, puso en conocimiento de la institución estatal la denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta (Safja), pero no le instó a interponer dicho recurso, una facultad recogida en el artículo 26 de la Ley del órgano. Según la resolución del Defensor estatal, consultada por Ep, en el decreto andaluz «no se conculca el derecho constitucional de libertad sindical, ni se vulnera la negociación colectiva ni se conculcan los principios de igualdad, mérito y capacidad para acceder al empleo público».

Las plataformas se mueven
Los sindicatos Ustea y CSIF-A, que estudian presentar un recurso contra el acuerdo entre la Junta, CC OO y UGT para modificar el decreto-ley de reordenación de la Junta de Andalucía, han llegado a un acuerdo con siete asociaciones de funcionarios y empleados públicos de la Junta para «unificar acciones y movilizaciones» en contra del decreto-ley. Entre las asociaciones destaca la «Plataforma del Agua de Sevilla», «Asociación de Opositores y Nuevos Funcionarios de la Junta de Andalucía», «Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía», «Asociación en Defensa del Servicio Público», «El Tercer Lado», «Plataforma de Torretriana» o «Plataforma de Igualdad».