Justicia aboga por matrimonios y divorcios ante notario

Alberto Ruiz-Gallardón continúa pisando a fondo en su objetivo de modernizar y agilizar la Justicia. Tras las reformas anunciadas en su primera comparecencia ante el Congreso de los Diputados -reforma de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial, ley de aborto, ley de reponsabilidad penal de los menores y prisión permanente revisable-, ayer adelantó que su ministerio impulsará en breve una ley de mediación y jurisdicción voluntaria que permitirá, entre otras novedades, que los notarios puedan celebrar matrimonios y acordar divorcios en los que exista mutuo acuerdo entre los cónyuges. Con esta medida, se pretende descargar a los registros civiles y a los juzgados de familia, aunque la intervención de éstos será imprescindible cuando la pareja que se divorcie tenga hijos menores, ya que en estos casos el juez es quien debe velar por la tutela de los afectados.

«No tiene sentido que un divorcio de mutuo acuerdo, que lo que exige es una constatación de ese acuerdo para luego ser ejecutado, no pueda ser formalizado por las partes directamente ante un notario», esgrimió el titular de Justicia, en declaraciones a la cadena COPE, para justificar la propuesta de su departamento. Y, a la vez, se preguntó por qué un alcalde puede autorizar matrimonio y no puede hacerlo un fedatario público, como es un notario. Las reacciones a esta iniciativa fueron, de forma mayoritaria, muy positivas, ya que desde el ámbito judicial, sólo la asociación Jueces para la Democracia se opuso, mientras que los directamente aludidos, los notarios –quienes se reunieron con Gallardón este lunes–, la Asociación Profesional de la Magistratura y los secretarios judiciales progresistas valoraron la propuesta de forma positiva. Así, los notarios están dispuestos a formalizar matrimonios civiles y divorcios «con total respeto a las competencias de los jueces», según señaló el Consejo General del Notariado en un comunicado hecho público ayer.

Por su parte, el portavoz de la APM, Pablo Llanera, destacó que la propuesta del Ministerio de Justicia no tendría «ningún inconveniente legal y aportaría esa ventaja de desjudicialización». Desde JpD, en cambio, se rechaza la iniciativa por considerar que supone «la privatización» de esas prestaciones.