Renovables una apuesta segura y económica

En primer lugar, quiero felicitar a todos los profesionales que han hecho posible que el suplemento A TU SALUD cumpla ocho años y la inestimable ayuda que nos han prestado para dar a conocer a la opinión pública el sector de las energías renovables. Gracias.
Tras los resultados del 20-N, Mariano Rajoy se enfrenta a la difícil tarea de reactivar la economía española. Para ello es fundamental analizar concienzudamente los costes del sector energético, un input clave de la economía, para saber en qué partidas podemos ajustarnos el cinturón y en qué partidas una inversión supondrá obtener claros beneficios, como sucede con las energías renovables. El propio Plan de Energías Renovables 2011-2020, recién aprobado, estima que los beneficios reconocidos oficialmente de las energías renovables ascenderán a 29.000 millones de euros y que superarán con creces los costes asociados al desarrollo del Plan, estimados en 24.700 millones de euros.
Las renovables son energías autóctonas y generan empleo distribuido sin depender de importaciones, que en España alcanzan ya casi el 90 por ciento de las necesidades energéticas. Son limpias y evitan numerosos costes asociados a las emisiones y los residuos, que acabamos pagando todos con impuestos. Son las llamadas externalidades. Algunos ejemplos serían los costes asociados al cambio climático, los tratamientos de enfermedades respiratorias, los conflictos geopolíticos por los hidrocarburos, los vertidos de petróleo, la gestión de los residuos o los accidentes nucleares.

Las grandes compañías eléctricas han instalado en la pasada década más de 27.000 megavatios en centrales de gas, la mitad de ellas desde 2005. Desde ese año, la instalación de potencia creció un 34 por ciento y la demanda sólo un 6. Ese exceso de potencia es un problema para las grandes compañías, en cuyo balance pesa mucho más el negocio de la energía nuclear y fósil que el de la energía limpia.
Las renovables en este período han evitado importaciones de petróleo y de CO2 por importe similar a las primas recibidas, pero si no hubieran incorporado al mercado su energía el déficit de tarifa hubiera sido aún superior en más de 9.000 millones de euros. En 2008 no había energía solar prácticamente y en ese año el déficit casi alcanzó los 6.000 millones.
Las renovables son un componente más del coste eléctrico, como lo son la distribución, la generación, el transporte, y demás costes asociados. Pero mientras que el coste de la generación, incluidas las primas a las renovables, creció en el período 2005-2010 una media del 3,9 por ciento anual, los pagos por capacidad que reciben el gas y el carbón crecieron a un ritmo del 12,9 por ciento anual y los costes de las actividades reguladas al 12,2 (en su mayor parte para las cinco, sí sólo cinco, compañías integradas en Unesa).

Las nucleares y grandes hidráulicas tuvieron beneficios extraordinarios, los bien llamados «caídos del cielo», entre 2007 y 2009 de más de 11.000 millones de euros, cantidades que han contribuido en el sumando del déficit de tarifa. Con la misma «lógica» que se piden actuaciones sobre las renovables, con paraguas legal tanto europeo como español, podríamos pedir que se apliquen los beneficios de esas plantas, ya amortizadas, a la reducción del déficit o que unas y otras salgan del mercado eléctrico. En cualquier caso, el nuevo Gobierno tendrá que decidir si quiere que la nuclear y la hidráulica sigan cobrando como las que más aun cuando sus costes son los menores, según informes de la CNE.
Nuestro sistema eléctrico necesita de una reordenación y será una de las primeras cuestiones que deberá abordar el nuevo Gobierno. Pero en lugar de actuar «quítate de la silla, para sentarme yo» quizá sería mejor aportar nuevas ideas para hacer posible de la forma más eficiente y económica la consecución de los objetivos de la UE y España para el año 2020. Se podrían aplicar políticas fiscales que penalicen la contaminación y las emisiones que contribuyen al cambio climático y establecer metodologías para calcular la huella de carbono en el ciclo de vida de productos y servicios. Todo ello, para conocimiento de los ciudadanos y para que se aligerasen todos aquellos costes que penden de la energía eléctrica, a la vez que se internalizaran aquellos costes que hoy no se pagan y que obligan a establecer primas a las renovables para compensar parcialmente la distancia competitiva entre unas y otras tecnologías. Hasta ahora el cambio a un modelo energético sin CO2 sólo lo están costeando los consumidores del sector eléctrico, cuando hay otros sectores, como el del transporte, que contaminan más y no pagan por ello, lo cual no parece lógico ni justo.
El Ejecutivo del Partido Popular tendrá que dotar al sistema eléctrico de una regulación estable, predecible y a largo plazo para recuperar la confianza de los inversores. Y tendrá que decidir lo que es bueno para España, que no tiene que serlo necesariamente para los intereses y la cuenta de resultados de cinco empresas, por muy grandes que sean.