Feragua alerta del «ansia de poder» de la Junta sobre el Guadalquivir

SEVILLA- La delegación de competencias que ahora estudian el Gobierno central y la Junta de Andalucía para que ésta mantenga la gestión sobre el Guadalquivir, a pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló el artículo del Estatuto de Autonomía que transfirió dichas atribuciones, no convence a la federación de regantes Feragua, que entiende que la nueva operación refleja el «ansia de poder de la Junta disfrazada de andalucismo». La presidenta del colectivo, Margarita Bustamante, entiende que la maniobra «supone un rodeo a la sentencia del Constitucional», por lo que la iniciativa legislativa presentada el miércoles por el Grupo Socialista en el Parlamento andaluz «plantea los mismos argumentos que tumbó el Constitucional».
Bustamante, en declaraciones a LA RAZÓN, se muestra «sorprendida» por la insistencia de ambas administraciones para que Andalucía ostente de manera definitiva las competencias exclusivas sobre el río, a pesar de que «hemos reiterado que no nos gusta su modelo». «Hacen lo que les da la gana sin consultar a nadie. Eso no es gobernar, sino ostentar el poder», denuncia. Por ello, anuncia que la federación llegará «hasta donde sea posible» para que el Estado conserve la titularidad. Desde instar a otras comunidades –como Extremadura, Castilla-La Mancha o Murcia– a que vuelvan a recurrir al Constitucional hasta denunciar a la Junta por prevaricación «si es que se da el caso».
Bustamante recuerda que la federación sigue oponiéndose a al modelo provincial de gestión del agua instaurado por la Administración autonómica, basado en el nombramiento de delegados provinciales con un perfil eminentemente político. «Antes se tenía en cuenta la carrera funcionarial y los puestos directivos eran técnicos, así que las peticiones se tramitaban mucho más rápido». Además, denuncia el «lío espantoso» existente en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en relación con los funcionarios, tanto a nivel de los regantes como de las competencias de los empleados públicos.
La delegación de competencias también ha generado numerosas reacciones en el ámbito político. El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, manifestó ayer que espera que «el electoralismo» del líder del PP-A, Javier Arenas, «no impida el consenso en un tema tan importante como es el Guadalquivir». Griñán recordó que existe una sentencia del Constitucional, de la que informó «puntualmente» al dirigente popular, incluso, «antes de salir porque ya tenía noticias de cómo iba a ser».
Asimismo, aseguró que mantuvo reuniones con él y que le pidió colaboración y cooperación para defender los intereses de Andalucía. Por su parte, la portavoz del PP-A, Rosario Soto, negó que el presidente de la Junta se haya puesto en contacto con Arenas.

Extremadura defiende el fallo del TC
El presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, recordó ayer que la competencia sobre el Guadalquivir es «cosa juzgada», por lo que reclamó que se aplique la sentencia del Tribunal Constitucional. Monago explicó que el Gobierno extremeño «tiene muy claro que hay una sentencia del Constitucional, que es muy clara y que arroja luz sobre este asunto tan controvertido para algunos», y que establece que una comunidad autónoma «no puede apropiarse de un río cuya cuenca afecta a más de una región». «Unos buscarán fórmulas alternativas, también nosotros buscaremos las nuestras pero siempre dentro de la legalidad», aseguró.