La Ley del Agua manchega quiere blindar lo que no logró el Estatuto

Murcia- El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, aseguró que al igual que la frustrada reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha recogía una reserva estratégica de agua para la región, la futura Ley del Agua de Castilla-La Mancha también la contemplará esta reserva. «No vamos a bajar ni un peldaño de lo que recogía el Estatuto. Dado que el Estatuto lo contenía, la previsión es que la Ley del Agua de Castilla-La Mancha lo contenga. Lo que no queremos es que esta norma suponga ni una mínima rebaja de las peticiones que considerábamos justas en materia de agua para la región», avanzó Sánchez Pingarrón. Recordó que esta ley es un compromiso que el presidente regional, José María Barreda, asumió en el Debate del Estado de la Región, después de que la reforma del Estatuto de Autonomía no pudo llevarse a efecto, para recoger «nuestras justas reivindicaciones que figuraban en la reforma del Estatuto». Por ello, «buena parte del contenido será recoger las competencias, la normativa y las peticiones que tenía Castilla-La Mancha respecto al Estatuto», insistió el consejero, que explicó también que el cometido de la reunión de la Mesa del Agua es dar a conocer a sus integrantes el contenido de esta normativa.
«Les vamos a dar a conocer el contenido del borrador de esta ley, para que lo conozcan, y poder recoger sus opiniones y sugerencias para a fin de debatir con ellos su incorporación», manifestó Sánchez Pingarrón que insistió en que el Gobierno regional, en materia de agua, no va a «bajar ningún peldaño», pues «el peldaño que habíamos conseguido con el Estatuto sin duda se va a mantener» en esta norma, concluyó. «Le vamos a dar a conocer el contenido del borrador de esta ley, para que lo conozcan, y poder recoger sus opiniones y sugerencias para a fin de debatir con incorporación».
Por otra parte, la Confederación Hidrográfica del Segura concluyó que lo único que han pretendido en las últimas jornadas es concluir que, dado el hipotético escenario de ausencia del trasvase Tajo-Segura, esto conllevaría una consecuencias de índole social y económica catastróficas, de acuerdo con la evaluación que manejan y que conocen los miembros de la Junta de Gobierno de la CHS.