El Congreso de los privilegiados

Desde hace meses se aprecia una corriente creciente e inquietante de desapego de los ciudadanos con la clase política. Los barómetros del CIS han reflejado el aumento de esa brecha entre representantes y representados. El de diciembre pasado consolidó a los políticos como la tercera preocupación para casi el 20% de los españoles, por detrás del paro y los problemas económicos. No es un asunto menor, sino que se trata de una fricción en uno de los engranajes clave de toda democracia. Quién sabe si el síntoma de una patología larvada a la que no se está prestando la atención debida. De hecho, resulta sintomático que esa notoria desafección no haya merecido al menos una reflexión pública de los directamente señalados por los ciudadanos. Como si la cosa no fuera con ellos y estuvieran por encima de lo divino y de lo humano. El desencuentro representa un reproche a la clase dirigente en una época especialmente complicada para una sociedad sometida a exigentes pruebas. En tiempos de sacrificios y recortes sociales, el liderazgo moral de los gobernantes resulta una cualidad imprescindible para afrontar las adversidades y los desafíos nacionales. No se puede ni se debe reclamar lo que no se está dispuesto a afrontar en primera persona. Las pensiones son un campo de pruebas en el que se ha demostrado que los políticos se resisten a ponerse al frente de la manifestación. Como publica hoy LA RAZÓN, diputados y senadores han rechazado no ya revisar su privilegiado sistema de pensiones de 2006, sino incluso discutirlo, llegando hasta entorpecer las iniciativas parlamentarias de la diputada Rosa Díez en ese sentido. Mientras, la ampliación de la edad legal de jubilación a los 67 años para el resto de españoles se da por hecha. Desde luego, no cuestionamos la necesidad de esta reforma como garantía de futuro para las nuevas generaciones, y asumimos también como inevitables los ajustes consiguientes con la convicción de que no existe una mejor solución por dolorosa que resulte. Otra cosa muy diferente es que entendamos que nuestros parlamentarios pretenden pasar por este amargo trago como miembros de un club selecto de auténticos privilegiados, que conservarán un sistema de protección exclusivo que les asegura la pensión máxima por haber ocupado un escaño durante dos legislaturas. El Letrado Mayor de las Cortes ha argumentado para defender lo indefendible que merecen un «tratamiento digno», que otros Parlamentos tienen más beneficios y que el modelo es «económicamente moderado y viable». En cuanto a recurrir al juego de las comparaciones, sin duda los jubilados españoles salen mucho peor parados que diputados y senadores. Y en cuanto a la viabilidad, el sistema podría salir muy beneficiado si se reconsideraran, por ejemplo, las multimillonarias subvenciones a los partidos políticos y a los sindicatos. Obviamente, el debate es otro. A ninguno de sus señorías se le coaccionó en su momento para entrar en política. Son servidores públicos, que gozan ya de extraordinarios beneficios, y cuya autoridad moral, tan esencial como la legal, debe basarse en el ejemplo y la coherencia.