La Generalitat amenaza con ir al TC para blindar su inmersión lingüística

BARCELONA- Un día después de que el Tribunal Supremo (TS) dictara una sentencia que tumba la inmersión lingüística en la educación infantil, de tres a seis años, la consellera de Enseñanza, Irene Rigau, dijo que ahora estudian recurrir al Tribunal Constitucional (TC). En la rueda de Prensa posterior al anuncio del fallo del TS, Rigau descartó presentar ningún recurso.
La consellera cambió ayer de opinión y señaló que, pese a que el Govern aún no ha tomado ninguna decisión, se contempla la posibilidad de pedir amparo al TC. Lo que sucede es que fue precisamente este Alto Tribunal quien, en junio de 2010, emitió una sentencia sobre el Estatut catalán que indicaba que «el catalán no debe ser la única lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña».

A la espera de este posible recurso del Govern ante el Constitucional, Rigau criticó la «ofensiva del Supremo contra el catalán» e insistió, una vez más, en que «no retrocederemos en nuestra política lingüística porque la Ley de Educación de Cataluña (LEC), está avalada por el Parlament». Esta ley precisamente está recurrida por el PP catalán ante el TC. En el caso de que el Constitucional falle a favor de los populares, el Govern se quedará sin escudo legal para defender su política de inmersión lingüística, vigente desde 1983.

La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, defendió ayer la sentencia del TS y aseguró que «da respuesta a la realidad de Cataluña que se palpa a pie de calle y que es el modelo lingüístico y educativo que siempre hemos defendido».

«La normalidad de la vida de la calle se debe trasladar a las escuelas, defiende el bilingüismo integrador que es el que siempre ha defendido el PP, e impulsa el catalán y también la lengua castellana, dejando libertad a los padres para dejar que sus hijos puedan estudiar en la misma aula en catalán y en castellano», señaló la líder de los populares.

Por su parte, la entidad bilingüe Convivencia Cívica de Cataluña (CCC) anunció que se querellará contra Rigau y el president de la Generalitat, Artur Mas, por un delito de desobediencia a los tribunales en el caso de que incumplan la sentencia del Supremo. CCC consideró que el «sometimiento del poder político a las decisiones de jueces y tribunales y a sus resoluciones judiciales es un principio elemental, indispensable de la democracia». Para CCC, el argumento de que la LEC blinda la inmersión lingüística «carece de fundamento jurídico».

Pujol pide «reaccionar con toda energía» ante la ofensiva
El ex presidente de la Generalitat de Cataluña y fundador de CDC, Jordi Pujol, ha enmarcado la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a establecer el castellano como lengua vehicular junto al catalán en la educación infantil en una «nueva ofensiva» contra la lengua. Ante esta situación, Pujol insta a la ciudadanía de Cataluña a reaccionar «con toda energía», recalcando que esta ofensiva judicial se enmarca en el «ahogo económico y financiero» que sufre la Generalitat. En un editorial de su Centro de Estudios, Pujol lamenta que desde Madrid se opte por «debilitar» la lengua y cultura catalanas, tratando de condenarlas a la residualización.