Una política social de verdad

Una de las consecuencias más dramáticas de la crisis ha sido el espectacular crecimiento del número de desahucios. La cifra llegó a 100.000 el pasado año. En la actualidad, cerca de 200.000 familias están pendientes del proceso de ejecución para abandonar sus casas. Si le sumamos los 5,3 millones de parados, hablamos de un escenario de grave regresión social. El Gobierno socialista hizo muy poco o nada por paliar un fenómeno desgarrador. Dos meses después del alcanzar el poder, el Ejecutivo de Rajoy se ha puesto en marcha para hallar una salida. El ministro Luis de Guindos anunció ayer que el Gobierno permitirá acogerse a la dación en pago –la entrega de la vivienda para saldar la hipoteca– a las familias con todos sus miembros en paro y que no cuenten con ingresos adicionales para afrontar el pago de la deuda en el caso de la primera vivienda. Además, se propondrá que los desahucios se aplacen dos años y que este periodo sea prorrogable si las familias acuerdan con la entidad financiera una cuota de pago justa. Todo ello formará parte de un «Código de Buenas Prácticas» que impulsará el Gobierno y al que los bancos y cajas podrán acogerse de manera voluntaria gracias a unos determinados incentivos, entre ellos, que podrán incluir como «gasto fiscalmente deducible» las pérdidas derivadas de la dación en pago. Hablamos, en todo caso, de soluciones excepcionales y no obligatorias en una coyuntura de extraordinaria adversidad, con estancamiento de la actividad económica y de la demanda interna y un desplome del mercado inmobiliario. Como acertadamente precisó el ministro, la dación en pago no es una pócima milagrosa, sino que puede presentar contraindicaciones. Entre ellas, el probable endurecimiento del crédito como consecuencia de que las hipotecas tengan menor importe y mayores intereses y se reduzcan los plazos de los préstamos. Se trata, por tanto, de actuar con equilibrio, sin alterar artificialmente los mecanismos del mercado, sin condicionar la seguridad jurídica y, en definitiva, salvaguardando a un sistema financiero en proceso de reestructuración y que es indispensable para la reactivación económica. Pese a todo, hay una sólida razón social que justifica una intervención de este calado con todos los matices que se quieran. El Gobierno no ha mirado para otro lado, como hicieron los socialistas, y ha buscado soluciones para decenas de miles de personas en condiciones precarias. La dación en pago o el aplazamiento de los desahucios es una política social de verdad. No son la panacea, pero es un avance y un alivio para miles de familias en precario. En un país en el que, como explicó ayer Cáritas, la pobreza es más extensa, intensa y crónica que nunca, es decisivo huir de la demagogia y dar paso a la responsabilidad eficiente.