Hacienda privatiza la lucha contra la inmigración ilegal y el narcotráfico

Todos los temores de los funcionarios de Vigilancia Aduanera se han confirmado: la lucha contra el narcotráfico y el control de fronteras será gestionada por una empresa privada, a pesar de que el Abogado del Estado rechazó la medida hace seis años por «la salvaguarda del servicio publico».

El Departamento de Vigilancia Aduanera tiene un equipo de investigadores, similar al de la Policía Judicial, que lucha contra el contrabando y protege las fronteras. Cuando hay constancia de que existe una embarcación sospechosa, se pone en marcha un operativo (en solitario o en colaboración con Policía y Guardia Civil). Los aviones realizan las tareas de investigación de larga distancia. A medida que se acercan a las costas, entran en juego los helicópteros que abordan a las embarcaciones y las acompañan hasta que alguna de las 47 embarcaciones realizan la intervención.

Pues bien, a partir del próximo 1 de octubre, la empresa Inaer –que gestiona desde 1986 los siete helicópteros de Vigilancia Aduanera de la AEAT – será la responsable de las operaciones de control aéreo de fronteras, misiones de inteligencia y de la investigación, persecución y represión de los delitos de contrabando en coordinación con las Fuerzas de Seguridad del Estado. Además, asume el mantenimiento de los seis aviones C-212 de la Agencia Tributaria que hasta ahora dependían del área 37 del Ejército del Aire, con base en Villanubla (Valladolid). La Agencia Tributaria será la encargada de ordenar las operaciones y de «fiscalizar» la actuación de los empleados de Inaer.

Esta decisión ha sido calificada de «inconcebible» por los funcionarios de Vigilancia Aérea. Uno de los afectados declaró a LA RAZÓN que «es una medida inaudita en el mundo desarrollado. No hay ningún país de nuestro entorno que deje las tareas de vigilancia de fronteras, las operaciones de inteligencia y la lucha contra el narcotráfico en manos de una compañía privada. Se maneja demasiada información delicada para que cualquier empleado de una empresa privada pueda manejarla».

Según las mismas fuentes, «es inconcebible que tengan acceso a planes de vuelo, objetivos y operaciones propias o coordinadas con la Policía Nacional o la Guardia Civil». El funcionario, que prefiere mantenerse en el anonimato, considera que el contrato va en detrimento del servicio que el Ejército estaba prestando hasta ahora. «Van a permitir operaciones en las que no va a ir abordo un sólo miembro de Vigilancia aduanera», lamentó.

El Tribunal Supremo ya rechazó en 2004 la concesión del servicio de vigilancia aduanera a Gestair. La sentencia recoge las alegaciones del Abogado del Estado, en las que incide en «la necesidad de la salvaguarda del interés público, con circunstancias relativas a confidencialidad y seguridad que hacían necesario que la prestación del servicio de operación técnica de vuelo, mantenimiento y administración de la flota se realizase directamente por órganos de la propia administración». Los agentes de aduanas tampoco ven con buenos ojos que las tareas de mantenimiento dejen de hacerse en la base de Villanubla: «Por muy buen servicio que den, no van a llegar a la fiabilidad y los medios de los que dispone el Ejército».


La motivación principal de la Agencia Tributaria para externalizar la gestión del servicio es meramente económica. Por ello, el pasado 2 de agosto firmó el contrato de adjudicación con Inaer, para que, a partir 1 de octubre, las operaciones y tareas de mantenimiento sean responsabilidad de esta empresa.

Un portavoz de la Agencia Tributaria dejó claro que trabajan con Inaer «desde hace años y nunca ha habido ningún problema relativo a la confidencialidad de la información» que manejan. Asimismo, confirmó que el traspaso de poderes se va a realizar de «forma gradual» y que «los comandantes civiles y militares compartirán las tareas encomendadas durante el tiempo que dure el cambio de las matrículas de las seis aeronaves.

El pliego de prescripciones técnicas del contrato de operación técnica de vuelo prevé un plazo de cuatro meses para hacer el cambio de matrícula militar a civil. Por ello, y ante la falta de tiempo material, la AEAT, el Ministerio de Defensa y la empresa adjudicataria han establecido un calendario en el que se estipula que en un primer momento habrá dos aviones gestionados por Inaer y los otros cuatro seguirán dependiendo del Ejército.

Esto contradice la información manejada por los operadores, que indicaron que «actualmente sólo hay una aeronave en proceso de cambio de placas» y que «el área 37 ya ha anunciado que dejarán de operar el 1 de octubre, por lo que como mucho habrá un C-212 para vigilar todo el espacio aéreo».

Otro de los puntos polémicos del acuerdo es la cuantía del contrato, que tendrá dos años de duración, prorrogable dos más.

El presupuesto máximo fijado es de 5.512.000 de euros, con un coste de 2.120 euros por hora de vuelo. Esta cantidad duplica el coste de la hora de vuelo de las operaciones desarrolladas hasta ahora por el Ejército del Aire, establecida en 1.095,25 euros.

Con estas cifras, el coste total para las 2.600 horas de vuelo contratadas con Inaer para los dos próximos años se establecería en 3.061.199,18 euros.