(Re)unidos en el civismo por Jorge Fernández Díaz

Un gran intelectual español escribía que «la obra educativa que más urge en el mundo es la de convencer a los pueblos de que su mayores enemigos son los hombres que les prometen imposibles». En estos días en que la crisis económica ha agotado ya nuestro arsenal de calificativos –profunda, sin precedentes, histórica– se hace especialmente necesario un ejercicio de realismo político y una sincera apelación a la responsabilidad individual y colectiva. Los españoles sabremos salir de la crisis. Nunca como ahora gana vigencia aquella célebre afirmación de Einstein según la cual «en los momentos de crisis, sólo la imaginación es más importante que el conocimiento». Sin embargo, también este contexto es idóneo para avanzar algunas reflexiones, no exentas de cierto ánimo catártico, que reivindiquen el patrimonio de derechos individuales y sociales que hemos conseguido atesorar gracias al esfuerzo de varias generaciones de españoles.

Esta reflexión se hace especialmente necesaria en estos días en que las calles de muchas ciudades son el escenario del descontento y la reivindicación de ciertos movimientos sociales que transitan desde lo innominado a rúbricas recientes como el movimiento 15-M o los «indignados». El fenómeno de las redes sociales amplifica el eco de estos colectivos y le confiere una estructura organizativa desconocida hasta hace sólo unos años.

Todo ello en sí mismo no es ilegítimo. Los movimientos sociales expresan el pluralismo político que es, según el artículo 1.1 de la Constitución española, un «valor superior de su ordenamiento jurídico». Asimismo, la posibilidad de expresar en público la disconformidad constituye una manifestación de lo que el artículo 10.1 de la propia Constitución califica como «libre desarrollo de la personalidad», que eleva a la categoría de «fundamento del orden político y de la paz social». En última instancia, conviene recordar que si todo ello puede hacerse público en las calles de las ciudades de España es porque nuestra norma fundamental protege el ejercicio del derecho de reunión y manifestación, creando los instrumentos jurídicos necesarios para su tutela efectiva.

Insisto en que si todo lo anterior es posible es porque en España contamos con un ordenamiento jurídico completo, que garantiza la primacía de la Ley y el respeto a los derechos fundamentales. Por cierto, ambos principios, legalidad y protección de los derechos, no son atribuciones gratuitas sino conquistas sociales en las que el Estado de Derecho compone su biografía.

Precisamente por esta razón, lo que en ningún caso puede admitirse es que al socaire de legítimos movimientos sociales, de la naturaleza que sea, se pretenda una subversión de ese mismo ordenamiento jurídico que los hace posibles y los protege. La Ley no sólo permite la escenificación pública del descontento sino también, necesariamente, le impone sus límites. La acción social reivindicativa tiene, necesariamente, que respetar los procedimientos establecidos en la Ley y, en caso de no hacerlo, se pervierte, se desvirtúa y queda despojada de toda legitimidad. Con mayor razón, si los movimientos sociales dan refugio, cobertura o excusa a acciones violentas, la ilegalidad se adentra en el terreno de la infracción, incluso penal. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han de cumplir, en tal caso, su mandato constitucional de proteger el libre ejercicio de los derechos fundamentales y garantizar la seguridad ciudadana.

La misma grandeza del Estado de Derecho, como abrigo protector de la libertad de expresión y del derecho de manifestación, es la que asimismo tutela los derechos de otros millones de ciudadanos que no participan en las acciones de protesta o, con la misma dignidad y libertad, no comparten estos postulados. Ni unos son más que otros, ni tampoco menos. Aquel «libre desarrollo de la personalidad» al que alude el artículo 10.1 CE sólo puede entenderse en unión hipostática con lo que ese mismo precepto menciona también: «el respeto a la Ley y a los derechos de los demás».

Las acciones violentas merecen el más enérgico reproche social y la más contundente reacción del ordenamiento jurídico, pues al disfrazarse de reivindicaciones sociales no hacen sino pervertir y degradar nuestro sistema de libertades públicas. Asimismo, el ejercicio del derecho de manifestación al margen de los procedimientos regulados en la Ley o con desconocimiento de sus límites constituye un manifiesto abuso del Derecho que niega los derechos del resto de los ciudadanos. La ocupación ilegal de calles y plazas o las acampadas en lugares de tránsito público constituyen una inaceptable negación del estatuto jurídico del dominio público, que exige una protección proporcionada de todos los derechos afectados: los de los manifestantes, sin duda, pero también los de quienes tienen pleno derecho a transitar o a ejercer una actividad comercial con normalidad.

No nos engañemos: no estamos hablando de formalismos, sino de derechos. Como dijo el jurista alemán, Rudolf von Ihering, «la forma es la hermana gemela de la libertad y la enemiga jurada de la arbitrariedad».

En última instancia, aunque no menos importante, concluyo con una invitación a reflexionar con mayor altura de miras y capacidad de análisis, trascendiendo el movimiento 15-M y sus derivadas. Es oportuno, incluso urgente, impulsar la promoción de una serie valores cívicos en la España del siglo XXI. No tenemos que buscar muy lejos para encontrar el cuerpo fundamental de nuestra ética pública, pues como he recordado, se encuentra en los principios reconocidos en la Constitución española. Denostar la violencia, cumplir las leyes, respetar a los demás, creer en la exigencia, el esfuerzo o la disciplina como herramientas sociales son sólo algunos ejemplos de espacios que poco a poco hemos ido dejando escapar y que son fundamentales para crear un verdadero clima de convivencia democrática. Una nueva cultura ciudadana. Por supuesto que los poderes públicos también tienen que participar de este proceso y demostrar que están a la altura de los ciudadanos a través de políticas públicas más transparentes y cercanas a la sociedad y comportamientos ejemplares.

En definitiva, tenemos que encontrar la forma de volver a (re)unir a los españoles bajo un interés común. La historia nos ha demostrado que, precisamente, ése es el camino a seguir. Y, por eso, además de trabajar para sacar a España de la dura situación económica que atravesamos, apuesto por (re)unirnos en nuestros valores constitucionales y en nuestro civismo para que esta regeneración y estos éxitos, vayan mucho más allá. Pero, sin duda, esta reflexión es mucho más ambiciosa de lo que permiten los estándares de comunicación social actuales bajo ciertas égidas: hay pensamientos que no caben en 140 caracteres.

Jorge Fernández Díaz
Ministro del Interior