Los jueces y el juego de la oca

Era el 2000 y las asociaciones judiciales negociábamos nuestras retribuciones. Recuerdo una conversación con un alto cargo ministerial. Le comenté que defendíamos el principio de «independencia económica» de los jueces y me respondió que al presidente del Gobierno le hacía mucha gracia eso de la «independencia económica». Le recordé que no era un chiste, sino lo que prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial como parte de la independencia judicial. Y añadí que tampoco era un invento de esa Ley: ya Fernando de los Ríos, en su discurso de Apertura de Tribunales de 1931, apelaba a esa independencia económica.La Asociación Profesional de la Magistratura –por entonces era su vicepresidente– abogaba más que por una subida lineal, por una ley de retribuciones. Rechazábamos tener que llamar cada cierto tiempo a la puerta del ministro, como si fuésemos sus asalariados; nuestro sueldo debía regularse por ley y no por el Gobierno. Si la carrera profesional del juez se regula por ley, el régimen retributivo es el reverso de esa carrera, luego debe regularlo el Parlamento y no el Gobierno. Conseguimos esa ley y se creó una comisión –en cuya paternidad tengo algo que ver– formada por Gobierno, Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía y Asociaciones, para que cada cinco años revisase los sueldos y garantizase nuestro poder adquisitivo. Todo esto es la independencia económica de un Poder independiente: garantía de suficiencia, revisión objetiva y automática, no dependiente de la voluntad del Gobierno ni regulado por él. Los ejemplos de otros países así lo avalan.Pero empezamos mal. La primera revisión quinquenal coincidió con el inicio de la crisis, mal momento para hablar de sueldos; además las asociaciones tras pactar un complemento por resultados –lo exigió el Parlamento años atrás–, vieron que los jueces lo rechazaban; sin embargo, tras cobrarlo, entendieron que no estaba tan mal. Sin embargo las asociaciones impugnaron lo que habían pactado, y se anuló. Esto era de locos: los jueces rechazaban una retribución que, tras aceptarla, se pierde al tumbarla las mismas asociaciones que la habían pactado; ahora, ante el clamor de sus compañeros por el dinero perdido, se reclama sin otro criterio que un reparto lineal. Con tanta coherencia, unido a dos huelgas, está claro que la vuelta a un Consejo elegido por los jueces es una quimera; somos poco fiables para gobernarnos.Y en estas estábamos cuando viene el decretazo. España no es el primer país que rebaja el sueldo a los jueces, pero la historia muestra que en otros países se ha rechazado (Inglaterra en 1931; USA en 1980, Canadá, Austria) porque hay conciencia de lo que significa independencia económica. La retribución del juez no sólo es el reverso de su carrera profesional, lo es también de cómo se concibe la Justicia y el decretazo no deja lugar a dudas: no considera a la Justicia un Poder, sino un servicio público y los jueces entran en el bombo con otros tres millones y pico de funcionarios, desde el cartero al magistrado del Tribunal Supremo. La cuestión, más que qué hacer, es si esto era evitable porque catalogada la Justicia como servicio público y los jueces como funcionarios, el decretazo consagra un déficit constitucional. Créame, hubiera sido muy distinto si esa rebaja la acuerda el Consejo, pero para eso debería tener atribuido hacer y pagar la nómina de los jueces, para eso nos gobierna. Es lo que ha hecho con sus miembros, lo mismo que el Tribunal Constitucional o el Parlamento o los ayuntamientos o las Autonomías. Sin embargo, en nuestro caso lo ha hecho el Gobierno con sus jueces-funcionarios; es a lo que lleva tanto empeño en decir que la Justicia es un servicio público más que un Poder o como asalariados, ir a la huelga contra su patrón.Perdido el sentido y la finalidad de la independencia económica, se explica que el Consejo General del Poder Judicial –órgano que gobierna a los jueces y vela por su independencia- sea ajeno al decretazo. Ni siquiera tiene la inquietud –plasmada en un informe– por plantearse si es constitucional o compatible con la Ley Orgánica del Poder Judicial –que ordena la garantía de esa independencia económica– o que sea el Gobierno quien rebaje unos famélicos sueldos, cuya suficiencia se garantiza por ley y se recorten en una proporción mayor que a otros altos funcionarios que o tienen lucrativas actividades compatibles o viven del arancel.Y que nadie se confunda. No digo que seamos ajenos a la crisis o al paro. Sólo digo que es el juego de la oca, hemos caído en la muerte y a los treinta y dos años de Justicia constitucional, vuelta a empezar: al juez funcionario gubernamental. Ante esto podemos ir por dos caminos: o plantearnos jugar bien la nueva partida y reconsiderar muchas cosas (el Consejo, las asociaciones, las relaciones con el poder político) o, ¿quién sabe?, quizás nos vaya bien como funcionarios gubernamentales: con huelga, un horario o que el trabajo que llevamos a casa se nos pague como horas extraordinarias. No hay mal que por bien no venga. Pero yo no oposité para ser eso.