Los empresarios de playa se implicarán en la conservación

MÁLAGA- El Gobierno quiere convertir en «aliados» de la conservación litoral a los empresarios de playas, a los que propondrá que se adhieran a un manual de buenas prácticas ambientales, al tiempo que pretende dotar de seguridad jurídica a sus establecimientos mediante la reforma de la Ley de Costas.
Durante un encuentro con empresarios de chiringuitos de Andalucía, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, manifestó que el Ejecutivo buscará una «alianza» con los representantes del sector para la conservación de las costas «sabiendo que viven de ello».
Ramos indicó que la Ley de Costas, de 1988, ha generado «complicaciones y distorsiones» en su aplicación y dijo que «merece la pena revisar» el texto.
Aseguró que el Gobierno tendrá en cuenta las cuestiones planteadas por los empresarios, que calificó de «interesantes» y «razonables» para la reforma de la ley, que se tramitará por la vía ordinaria.
El secretario de Estado argumentó que la economía es una variable clave en la gestión medioambiental y destacó que que existe «experiencia suficiente» en la aplicación de la Ley de Costas para «saber qué ha servido y qué ha fallado».
Sobre los plazos de las concesiones, Ramos afirmó que conviene revisarlas «antes de que llegue el último minuto» para su vencimiento con el fin de hacer una regulación «sensata».
Entre los aspectos que comentó en el encuentro figura una revisión de los deslindes para unificarlos y el uso de los mecanismos ya previstos en la ley, aunque no suelen ser utilizados, para la desafectación de terrenos.
En respuesta a una de las demandas del sector, aludió a las «situaciones injustas» que a menudo se han producido por la «rigidez» aplicada en las distancia entre establecimientos, fijada en 200 metros, y que los empresarios reclaman que no sea estricta en zonas urbanas, sin variar el número total de instalaciones.
Por su parte, el presidente del PP-A y aspirante a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Javier Arenas, subrayó que la historia de los chiringuitos está documentada desde la segunda mitad del XIX, por lo que constituyen una «seña de identidad» de la comunidad, y son además un elemento de preservación de las playas.
«Hoy se pone fin a una operación de acoso y derribo de los chiringuitos», aseveró Arenas, quien añadió que la decisión de reformar la Ley de Costas «tiene valor económico».
El presidente del PP-A reiteró que la mayor economía sostenible para Andalucía es el turismo, «y al lado, la construcción» y se quejó de las «tonterías» que ha escuchado sobre el ladrillo.