Fallo generalizado en los controles

El órgano fiscalizador andaluz ha criticado en numerosas ocasiones el déficit de transparencia de la Junta, una situación que se visualiza en prácticas como las contrataciones a dedo, mecanismos de fraccionamiento para evitar el concurso público o cantidades millonarias pendientes de justificar. Incluso llegó a alertar en un informe sobre subvenciones a empresas privadas de 2006 de que una empresa recibió 296.586 euros y cerró posteriormente las instalaciones, una actuación similar a las que investigan la Guardia Civil y el TSJA en relación a las ayudas a la formación de la UE. La resolución de 2004 por la que se aprobó la ayuda recogía la obligación del beneficiario de una permanencia de cinco años, pero la Cámara de Cuentas verificó que la sede de la empresa estaba «cerrada y sin ninguna actividad».

También en 2006, el 20 por ciento de las ayudas se concedieron «de manera directa», obviando por completo la concurrencia competitiva que marca expresamente la Ley General de Subvenciones.

Las ayudas concedidas al Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) también han estado en el punto de mira. El órgano fiscalizador andaluz detectó en 2008 que las cantidades destinadas a varios programas se invertían en pagar nóminas y en diferentes gastos de funcionamiento y generales del organismo.

Otros métodos, como las auditorías, han pasado por alto igualmente irregularidades en expedientes laborales que, hasta el momento, implican a nueve dirigentes socialistas. En febrero, la consejera de Presidencia, Mar Moreno, aseguró que una auditoría aleatoria de 20 ERE no detectó ningún problema en 2005. La pasada semana, el consejero de Empleo, Manuel Recio, también garantizó que el mismo sistema aplicado a las subvenciones de la UE no descubrió ilegalidad alguna. Pero la realidad es bien distinta. La Junta cifra ya en 146 las irregularidades en los ERE y las ayudas comunitarias fraudulentas ascenderían a 27 millones de euros.

La ausencia de inspecciones también es patente en la gestión urbanística de la Junta. Una dejadez que, por ejemplo, ha desembocado al cabo de los años en casos de corrupción como la «Operación Malaya». El pasado 9 de febrero, un alto cargo de la Administración autonómica, concretamente el secretario general de la Delegación del Gobierno de la Junta en Málaga, Jaime Aguilera, aseguró en el marco del juicio por el «caso Malaya» que los convenios del Ayuntamiento de Marbella, mientras Juan Antonio Roca era gerente de Urbanismo, «no llegábamos a estudiarlos». La Junta, por tanto, sólo fiscalizaba el acto administrativo y no el documento.